SALTA (Redacción) – Los concejales y funcionarios públicos de Salta que cobraron o intentaron recibir el IFE de 10.000 pesos durante la primera etapa de la cuarentena finalmente recibieron las sanciones de la Justicia. De los 25 dirigentes implicados, hay 16 que llegaron a un acuerdo para evitar el juicio. Y como consecuencia deberán hacer importantes donaciones y miles de horas de trabajo comunitario. En caso de no cumplir tendrán que continúar el proceso como los otros 9 que no llegaron a un acuerdo.
De esta forma, la jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, homologó 16 acuerdos de «suspensión de juicio a prueba». Así lo realizó en la «audiencia de control» de acusación seguida contra 25 exfuncionarios públicos salteños. Estos resultaron imputados por delitos de «defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes» por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Según detallaron desde la Fiscalía federal: «En los casos de hechos consumados se acordó la auto inhabilitación de los acusados para participar como candidatos en dos procesos electorales». Del mismo modo no podrán volver ser funcionarios públicos. Asimismo, deberán cumplir con tareas comunitarias y donar dinero. Esto es a modo de reparación por haber cobrado el dinero del IFE que Nación destinaba para la población vulnerable en el marco de la pandemia.
En tanto, recordaron que la audiencia comenzó el 5 de julio pasado «cuando las defensas de los 25 imputados plantearon el sobreseimiento por distintos motivos». Entre los argumentos , señalaron la supuesta «falta de tipicidad penal». Esto lo rechazo de plano por la jueza, quien luego otorgó un cuarto intermedio para que las partes evalúen alguna salida alternativa.
320.000 pesos de donaciones por el IFE
«Se formalizaron 16 acuerdos de suspensión de juicio a prueba. Tanto por casos consumados, en los cuales los concejales imputados solicitaron y cobraron el IFE. Como también hechos en los cuales pidieron el beneficio pero no lo percibieron, ya sea porque fueron rechazados o simplemente no alcanzaron a cobrarlo», explicaron las autoridades.
Además, desde el organismo nacional explicaron la suma económica que deberán donar por el caso que desató un gran escándalo a nivel nacional. «Con sumas promedios de 10 a 20 mil pesos y, en algunos casos de 60.000, se arribó a un total estimado de 320 mil pesos. Dinero que los acusados aportaran en concepto de donaciones a entidades de bien público. Entre ellas hospitales, comedores y centros de salud de distintos municipios», detallaron.
Miles de horas de tareas comunitarias
Por otra parte, la jueza del caso dio el visto bueno a una exigencia del fiscal «al margen de estos aportes». Se trata de la realización de tareas comunitarias, un requisito que algunos de los imputados intentaron evitar. «De tal forma, se logró reunir un total de 1.636 horas de trabajo comunitario por parte de los 16 imputados. Quienes cumplirán dicha colaboración en hospitales, centros de salud, comedores comunitarios y en las oficinas municipales», indica el reporte oficial.
En caso de no cumplir a seguir con el juicio
Por último, tanto la fiscalía como la jueza aclararon que «cualquier incumplimiento o la comisión de un delito» harían caer el acuerdo. Y de esa manera, advirtiero que inmediatamente «se proseguirá con el proceso penal» correspondiente. Mientras tanto, la fiscalía y las defensas de nueve acusados que no prestaron voluntad de llegar a un acuerdo mediante una suspensión de juicio a prueba debatieron sobre las pruebas que llevarán al debate, lo cual transcurrió sin inconvenientes legales.
