SALTA (Redacción) – Este martes 6 de julio la jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones, Mariana Catalano, rechazó el sobreseimiento pedido por la mayoría de los funcionarios acusados de «maniobras ilícitas» por la «percepción indebida» del Ingreso Familiar de Emergencia. Los acusados habían sostenido que no hubo delito y culparon al Estado por fallas en las tareas de control sobre el IFE en Salta. Tampoco prosperó un pedido de suspensión de juicio a prueba para los acusados más comprometidos en el caso.
Cabe recordar que el proceso penal que se sigue contra 24 concejales de distintas localidades de Salta y un empleado del Concejo Deliberante de Capital por el cobro indebido del bono IFE durante el aislamiento social. En este sentido, desde la Fiscalía Federal apuntaron que de los 25 acusados, 18 lo están por «defraudación a la Administración Pública». Todos ellos se encuentran imputados «en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público».
Mientras tanto, la misma imputación recae a los 7 acusados restantes, pero en calidad de «tentativa respecto al fraude». Volviendo a la audiencia, las defensas solicitaron la suspensión de juicio a prueba. Sin embargo, la fiscalía se opuso a este planteo. «En varios casos por la imposibilidad legal de su aplicación. Y en otros por el carácter sorpresivo de la propuesta y su indeterminación», explicaron. Al resolver sobre este punto, la juez Catalano acompañó al fiscal en sus argumentos y dio por válida la oposición.
La culpa al Estado por la «falta de controles»
«No obstante, y tras resolverse las calificaciones penales discutidas, el fiscal admitió la posibilidad de analizar cada caso a fin de establecer la viabilidad de dicho beneficio», detallaron desde la Fiscalía Federal. En tanto, a tal efecto infomaron que «se dispuso suspender la audiencia hasta dos semanas después de concluida la feria judicial». Por su parte, el fiscal explicó que los acusados, a sabiendas de que no les correspondía, aprovecharon esa instancia virtual para solicitar el IFE.
«De esta manera, hicieron incurrir en error al Estado, al que luego defraudaron, al percibir el beneficio», completó. Mientras tanto, las defensas, en su mayoría, plantearon el sobreseimiento de sus representados. «Por entender que las conductas imputadas no constituyen delito. Para luego endilgarle toda la responsabilidad de los hechos a los organismos estatales que tenían a su cargo la tarea de control», completa el informe de la audiencia.
