SALTA (Redacción) – La concejal Laura García, vicepresidenta del Concejo Deliberante de Salta, arremetió contra la intendenta Bettina Romero en la sesión de ayer y cuestionó las obras que se están realizando en el puente Vélez Sarsfield hace varias semanas. La edil lamentó que se haya destruido un patrimonio incalculable por su valor histórico.
García señaló que la reparación que demanda el puente lleva hasta ahora 11 meses cuando estaba programada en 90 días. La edil manifestó que “27 millones y pico le costó a la Municipalidad destruir un puente de cien años. Un emblema cultural por la arquitectura de sus barandas suplantadas ahora por hierro. Es un puente de casi cien años con una obra arquitectónica”, dijo.
Así mismo en este sentido, la legisladora capitalina se preguntó: “¿Acaso la municipalidad no tiene expertos?, ¿no consultaron a quienes saben cómo preservar este patrimonio?”. Y recordó que la intendenta aseguró que la Municipalidad trabaja en el refuerzo y valor histórico del puente y que las obras permitirán preservar su valor patrimonial, a lo que García disparó: “¿Cuál valor patrimonial? Si lo tiraron”.
Habilitarán pequeños comercios, sin inspección con requisitos mínimos
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto presentado por la Municipalidad de Salta para modificar las Ordenanzas del régimen de Habilitaciones Simplificadas y de Habilitaciones Comerciales para pequeños comercios N° 15547 y N° 15292. Se elimina además el trámite de la inspección, en caso de presentar el comerciante los planos aprobados y el estudio de seguridad, y se extiende la vigencia de las habilitaciones simplificadas de 36 a 48 meses.
Ya no será obligatorio el pago de la póliza de seguros para la habilitación en negocios de más de 25 m2 y se otorgará el permiso transitorio para todas las actividades que sean de bajo impacto ambiental, incluyendo a la actividad industrial que actualmente no estaba contemplada. «Es un trabajo conjunto entre del Ejecutivo y del Legislativo para facilitarle la vida a los salteños», indicó Nicolás Kripper.
En tanto, Santiago Alurralde señaló que se trata de un proyecto que busca convertir el trabajo informal en formal. «Coincidimos en darle seguridad al que tributa y darles a esos contribuyentes un genuino respaldo. Si vamos a incentivar el trabajo formal y buscar que los informales sean parte de la órbita, mejoremos en la contraprestación de servicios, que sería la tasa, la inspección, la seguridad y la higiene», recalcó el edil.
