SALTA (Redacción) – El presidente Alberto Fernández prorrogó por decreto hasta el 23 de noviembre de 2025 la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Se trata de una normativa sancionada en 2006 y prorrogada tres veces. Si bien tuvo el aval del Senado de la Nación, la iniciativa todavía no la trataron en Diputados. Por su parte, las legisladoras nacionales por Salta desataron la polémica por sus posturas contrarias.
«Hoy se vence la prorroga de la ley 26.160, ya tenemos DNU que podrá evitar los desahojos y hostigamiento a nuestros Pueblos Originarios«, celebró este martes la diputada Alcira Figueroa desde sus redes sociales. Allí también anticipó que «en unos días» la ley sería aprobada en la Cámara baja. En tanto, difundió imáganes y video de manifestaciones que se realizan en Buenos Aires por esta Ley de Emergencia Territorial Indígena.
«Es una ley de Emergencia, y muy pronto presentaremos la Ley de entrega de las tierras Comunitarias. Para saldar de una vez por todas la grieta de ciudadanos de primera y de segunda, como corresponde a un país multicultural y diverso, con todos y todas adentro. Haciendo realidad el buen vivir!!! Jallalla Hermanos!!». Así festejó con emoción la legisladora por Salta del Frente de Todos que culmina en pocos días su mandato.
«Tratar a las apuradas problemáticas complejas»
Por su parte, la integrante de Juntos por el Cambio, Virginia Cornejo, cuestionó la medida del mandatario nacional: «Quieren gobernar por DNU». «El presidente Alberto Fernández prorrogó por otros cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades de pueblos originarios, por medio de un DNU», criticó desde sus redes.
«Buscan gobernar por decreto y tratar a las apuradas problemáticas complejas, por el resultado electoral», acusó la legisladora Cornejo hace pocos días. «Siguen demostrando su falta de respeto institucional y que no escuchan a la gente», castigó duramente al gobierno nacional.
Detalles de la Ley de Emergencia Territorial
“Mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos en los artículos 1°y 2° de la ley N° 26.160 y modificar su artículo 3º, hasta el 23 de noviembre de 2025, de conformidad con las pautas previstas en el proyecto de ley aprobado por el Honorable Senado de la Nación”, se explica los considerandos del DNU.
Además, señala que se suspende por «el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras» en cuestión, al tiempo que se aclaró que las comunidades originarias beneficiadas por el DNU serán aquellas que tengan una posesión de tierras “actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada».
En tanto, el INAI deberá presentar a partir de 2022 y antes del 30 de noviembre de cada año ante el Congreso un informe anual que detalle el estado de avance del relevamiento, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance. Como se mencionó, la Ley Nº 26.160 fue sancionada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner y ya se prorrogó tres veces.
