SALTA (Redacción) – En la localidad de La Merced se vivió una tarde de locura durante este jueves cuando el intendente Javier Wayar se cruzó con el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, y se le arrojo con toda la locura y violencia encima. Lo amenazó de muerte y, sino fuera porque un secretario municipal intervino en la acción, tal vez todo podría haber sido un poco más grave.
El jefe comunal lo increpó y le hecho varias acusaciones encima, como «sos un hijo de puta, sos una porquería, tu familia es una basura, sos una mierda de persona; todo lo que hagas en tu vida, te va a ir mal», le dijo Wayar al presidente del concejo deliberativo. El máximo representante político de esta localidad actuó sin pensar en sus consecuencias y de los testigos que pasaban por el lugar mientras ocurría el hecho.
Posteriormente, comenzó a empezar al edil, lo miró fijamente y puso su rostro sobre el concejal. Estas reacciones de Javier Wayar podrían haber quedado ahí, pero empeoró todo cuando lo amenazo diciéndole «no te hago cagar porque hay gente, no te mato porque hay gente, te voy a hacer seguir adonde vayas; te voy a cagar matando. Yo personalmente donde te cruce te voy a matar», manifiesta la denuncia hecha por Santiago Huerga.
¿Cuál es la razón de este triste desenlace?
A este triste hecho lo presenciaron como testigos centrales Enrique Humberto Torres, también el secretario de Obras Públicas municipal y la juez de Paz, Blanca de Correa. El concejal agredido presentó la denuncia correspondiente y pidió al fiscal custodia policial para que le protejan la familia. Todo esto comenzó cuando Huerga logró descubrir movimientos económicos irregulares dirigido a tres concejales por fuera de la dieta que cobran mensualmente.
El Banco Macro es la entidad que comprobó la certificación y actualmente esta causa está en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos y en caso de que haya una resolución inmediata, le podría costar el cargo de intendente a Wayar y a los tres concejales cómplices de este hecho de malversación de fondos públicos. Son varios cargos contra el intendente ya que la denuncia abarca administración fraudulenta, retención indebida de fondos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
