SALTA (Redacción) – El Gobierno de Alberto Fernández volvió a estar envuelto en problemas cuando se viralizó una imagen de la titular del PAMI en Cancún. El hecho es que Luana Volnovich viajó a uno de los lugares turísticos más codiciados del mundo y estuvo acompañada por su pareja, Martín Rodríguez. El problema no fue ese sino que el organismo quedo sin autoridades pertinentes ya que Rodríguez es el segundo del organismo.
Cuando se difundió la noticia del viaje de la pareja, la indignación en el arco político se notó rápidamente. Desde la oposición y hasta algunas voces del Frente de Todos se hicieron escuchar criticando este viaje y exigieron medidas urgente al presidente Alberto Fernández. Al interior del Gobierno explicaron que Rodríguez «fue desplazado no por el viaje a Cancún, sino porque el Pami quedó en una situación complicada al no tener autoridades al mando por algunos días. Hubo mucho enojo interno por eso«.
Claramente, que la indignación y el malestar pasó por la acefalia del organismo destinado para las personas mayores. Para colmo, el PAMI está inmerso en un montón de problemas sin resolver. Desde los reclamos por falta de atención en las diferentes sedes y hasta las demoras para conseguir los turnos, medicamentos o insumos. Todo esto se agravó ante la ausencia de las dos principales autoridades y de allí la decisión de Alberto Fernández de desplazar a Rodríguez.
Luana Volnovich regresó de su viaje este fin de semana, pero antes había hecho escala en Uruguay y fue allí donde tuvo una primera comunicación con el jefe de Estado para acordar la fecha del encuentro. En un principio debería haber sido ayer, pero fue hoy y se tomó la decisión de desplazar al segundo del PAMI. El malestar sigue estando al interior del Gobierno porque ambos se marcharon sin avisar a nadie.
Sigue la polémica
No obstante, no se terminan los problemas dentro del oficialismo ya que se dejo trascender que quien sucederá a Rodríguez, será un extitular del organismo y que está procesado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Se trata de Luciano Di Cesare, quien había sido procesado el 9 de junio del 2016 por el juez Ariel Lijo. El monto en total había sido por $1.300.826,77, en consideración de vacaciones de manera ilegal entre el 2012 y el 2014.
