SALTA (Redacción) – El año pasado uno de los grandes escándalos en nuestro Provincia fue la polémica por un aborto que se había realizado en el Hospital de Tartagal. Según Elizabeth Gómez Alcorta este fue un caso paradigmático y que puso en discusión el rol de los médicos en el cumplimiento de la ley lanzada por el Ministerio de Mujeres y aprobado por el Congreso de la Nación. La ley se aprobó hace un año y fue promulgada por el presidente Alberto Fernández.
El caso de la médica Miranda Ruiz, que se desempeña en el nosocomio de Tartagal, fue paradigmático porque puso en discusión los procedimientos médicos con esta ley. Actualmente, está imputada por haber garantizado el acceso al derecho de la Interrupción Legal del Embarazo en agosto del año pasado. Al respecto, Gómez Alcorta aclaró que el caso de esta profesional es un claro ejemplo de persecución y disciplinamiento.
Al cumplirse un año de la implementación de esta ley, Gómez Alcorta manifestó que hay una fuerte criminalización hacia la médica de Tartagal y que también se pudo verificar un claro ejemplo de «disciplinamiento a los profesionales de la salud» que hacen cumplir esta ley. También contó la funcionaria nacional que al enterarse del caso observo inmediatamente grandes desmanejos en el proceso judicial.
Gómez Alcorta además es abogada especializada en la rama penalista. Por lo cual, aclaró que «el simple hecho de que haya sido detenida por una imputación inicial es algo irracional» y que, por otro lado, «no se puede justificar por medio del derecho de ninguna manera». De esta manera, justificó que lo que vivió Ruiz «ocupa un lugar importante de disciplinamiento, sobre todo, para grupos reaccionarios».
Recordemos que el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega había ampliado la imputación contra la médica y que además la había acusado de realizar un aborto sin el consentimiento de la mujer gestante. En este sentido, la ministra contó que hoy en día hay 35 acciones judiciales en contra de esta ley. Por último, cabe tener en cuenta que a fines del mes de enero del año pasado, el titular del Juzgado Federal de Salta, Julio Leonardo Bavio, había habilitado la feria judicial y rechazó un recurso colectivo en el cual se buscaba suspender la aplicación de la ILE en Salta.
