SALTA (Redacción) – El año pasado el presidente del Concejo Deliberante de La Merced, Santiago Huerga, denunciaba al intendente Javier Wayar. En la misma se planteó que el jefe comunal había hecho transferencias irregulares a otros tres concejales y que hubo retención indebida de estos fondos. Especialmente, la denuncia recae sobre la obra del nuevo «Cristo de la Hermandad» y por sobresueldos.
Huerga realizó la denuncia en la Fiscalía Penal de Cerrillos. Ana Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, intervino en la causa e imputo a Javier Wayar. Entonces el intendente atraviesa dos imputaciones por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y otro por el delito de peculado.
No obstante, el Wayar desestimó la denuncia y aseguró que las acusaciones en su contra son falsas y planteó que una vez que sea desestimada va a denunciar al exconcejal. El intendente se siente seguro de su impunidad y de no haber cometido ningún delito. «Ganando el juicio, pondremos una contradenuncia y empezaremos por ir por los bienes, porque realmente hizo mucho daño», anticipó.
El intendente planteó que esta denuncia hace daño
Además, el jefe comunal recordó que «Huerga antes era patrón y yo el peón, me querían bajar a toda costa durante los primeros dos años, con el tiempo se va a comprobar pero por el momento hace daño». No negó haber hecho las transferencias por la cual está siendo investigado y que fue de un solo pago y por una sola vez. La trasnferencia bancaria fue «por la pandemia, dado que el pago a los concejales venia atrasado», argumentó.
Restándole valor a la denuncia explicó: «Los concejales estaban atrasados en el pago y querían una ayuda por la pandemia y se les dio. O sea está bien si hablamos de millones, pero eran $60.000 a cada uno, fue una sola vez, no es una fortuna de plata». Estas son las acciones por la cual Wayar fue imputado por peculado y también a los tres concejales que recibieron el dinero.
En lo que respecta a la acusación por incumplimientos de los deberes de funcionario público y que está siendo investigado por transferencia irregulares. «Habría presuntas irregularidades en las transferencias al Concejo Deliberante correspondientes a los meses de diciembre 2019, enero a julio 2020 y septiembre del 2020, y habría omitido aplicar la nueva alícuota de 6,92% establecida por el art. 21 de la Ordenanza 33/18”, aclaran desde el Ministerio Público.
