SALTA (Redacción) – Las polémicas designaciones de Elsa Pereyra Maidana y de Marcos Segura Alzogaray al frente de la Auditoria General de la Provincia fue cuestionada desde el principio por la forma de designación. Parecía que esta discusión ya estaba saldada pero desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados se interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema porque estas nominaciones van «en contra de la Constitución».
Sebastián Espeche es el abogado que presentó la demanda en conta de los nuevos auditores. Contrasto la designación de los nuevos miembros de la Auditoria General porque va en contra de la nueva Constitución de Salta. Lo que ocurrió es que se utilizó el sistema de la antigua Carta Magna y no la reformada. «El 16 de diciembre de 2021 se sanciona la reforma constitucional y establece un procedimiento distinto«, remarcó el letrado.
Al mismo tiempo, recordó que en pleno debate se advirtió a la Cámara de Senadores sobre esta irregularidad pero no le dieron importancia. «Hizo caso omiso a estas advertencias y siguió adelante con los nombramientos», lamentó el abogado. «El Consejo y el Colegio recurrieron a la Corte de Justicia de Salta, mediante una acción de inconstitucionalidad, solicitando la nulidad de estos nombramientos», aclaró al mismo tiempo. De esta manera, nuevamente la Auditoria General de la Provincia vuelve a estar en el foco de la polémica y buscan quitarle precio a su legitimidad.
Espeche marcó otras irregularidades: falta un economista
Otro de los puntos que se debe tener en cuenta y no desechar es que Elsa Pereyra y Marcos Segura son abogados y la Auditoria requiere de un economista. Específicamente requeriría que sean profesionales economistas, licenciado en administrador o contador público. «Son nueve jueces y va a depender de cada juez la agilidad que le den a la acción de inconstitucionalidad«, advirtió Espeche.
Sentenció su crítica y denuncia advirtiendo de la inconstitucionalidad en la selección de estos auditores. «Entendemos que las designaciones han sido en contra de la Constitución de la Provincia de Salta. Todos los actos que se emitan con la firma de estos dos auditores van a ser nulos«, anticipó Espeche. Finalmente, la decisión quedará en mano de los jueces de la Corte y que tendrán que dar una rápida solución a este problema. Esta será la única forma de «darle seguridad jurídica a todos los actos de Gobierno», concluyó.
