SALTA (Redacción) – Días atrás Miguel Calabró propuso que la Caja de Previsión Social de Agrimensores y afines reciban el 0,3% de las obras públicas. Al respecto, ahora habló Sergio Camacho, titular del Ministerio de Infraestructura de Salta, y aclaró que él no aporta a esa caja pero que si está matriculado en COPAIPA. Aseguró también que con 77 millones se podría hacer otra obra más de agua en la provincia.
«Durante mucho tiempo, he ocupado distintos lugares en el Estado y mi aporte a la jubilación es de mi sueldo como funcionario», confirmó Camacho. A su vez, resaltó que desconoce de cuánto es la jubilación de los agrimensores, ingenieros y arquitectos. Sobre el proyecto presentado aseguró que no se mete en cuestiones legislativas y que respeta el trabajo de los legisladores.
«Hay algunas cosas que sí parecen lógicas. Sé que si un aportante a la Caja de Ingenieros estaba en términos de convivencia con alguna otra persona y fallecía esa otra persona, no tenía acceso a cobrar la pensión. Así que eso está bien. Después, algunas modificaciones en ese sentido», evaluó el ministro. «Me parece bien que habilitan a la Caja a hacer inversiones, como hacen las otras Cajas de profesionales, y no tener dinero retenido pudiendo generar mayores beneficios», agregó Camacho.
A su vez, resaltó que esta legislación no alcanzaría a los profesionales que trabajan en la cartera de Infraestructura. «De ninguna manera, se prevé que eso involucre a los proyectos del seno del Estado, sino a los que surgen de manera privada. Desde que yo estoy a cargo del Ministerio de Infraestructura hace dos años y medio, creo que hay dos proyectos que se contrataron con consultoría, lo que cual no es habitual. No mueve el amperímetro», manifestó Camacho.
El ministro planteó que el porcentaje estimado serviría para nuevas obras
Sobre la modificación del 0,3% de la obra pública nacional, provincial y municipal o el 10% del Ejecutivo que se deposite en la Caja de Previsión. El monto que esto generaría sería casi 80 millones. «Si me preguntan mi opinión personal, con 77 millones podemos hacer una obra más de agua», advirtió Camacho sin rechazar directamente este proyecto. Un pozo de agua completo con 160 metros de profundidad cuesta aproximadamente 26 millones, aclaró.
Aguas del Norte
También se refirió sobre el proyecto que busca eliminar la empresa Aguas del Norte. «La prestación del servicio de agua y saneamiento debe ser llevada adelante por el Estado. En ese sentido, hoy la empresa Aguas del Norte es una empresa del estado, una sociedad anónima de participación netamente estatal. Yo creo que esta empresa cuando en el 90’, con el modelo Dromi, estaba prevista para ser tercerizada. Esta corriente de pensamiento, genera la constitución de los Ente», argumentó Camacho.
«Hoy tenemos una suerte de marco regulatorio pensado para empresas tercerizadas con una empresa estatal. Esa es la primera contradicción. La segunda es que me parece que cuando esté más cerca del Estado y tenga menos cuestiones que las hagan como más periféricas, lo natural sería que sea un organismo del Estado, reconociendo antecedentes de los trabajadores, los empleados», concluyó Camacho.
