SALTA (Redacción) – La Policía de Salta volvió a reflotar la idea de crear un sindicato que los proteja jurídicamente ante el incumplimiento de pagos u otras funciones por parte del Estado. El reclamo lo encabezaron principalmente efectivos y trabajadores de penitenciaría retirados y se lo hicieron conocer a Abel Cornejo, cabeza del Ministerio de Seguridad de Salta. También contaron que Laura Cartuccia presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de Salta.
Por las demoras en la liquidación de las actualizaciones salariales de los haberes de los policías y penitenciarios retirados. Hay que recordar que ya en el mes de febrero hicieron un acampe en las inmediaciones del Centro Cívico Grand Bourg. Gracias a esto, lograron que en mayo se les pagara el retroactivo que debía la Provincia a los efectivos. Vale destacar que estos están actualmente bajo la dependencia de Cornejo.
¿Cómo se actualizan los haberes? A diferencia de como se lo hace en el resto de la administración pública, los mismos salen por decreto firmado por el ministro de Economía y el de Seguridad, que actualmente es Cornejo. Antes que avance este reconocimiento debe reconocerlo la Unidad de Trámites Previsionales de la Provincia (UTP). La fuerza policial remarca que la gran burocracia es la responsable de la demora de pagos.
En la búsqueda de una solución
Verónica Parraga es una de las manifestantes que se reunió con Cornejo y aseguró; «hemos pedido una solución definitiva. Pedimos la renuncia de la señora Claudia Bravo que es la jefa de la UTP y que se designe a personal retirado penitenciario y de la Policía, que tengan habido conocimiento sobre la situación previsional, como se maneja y como se hacen los trámites». De acuerdo a lo manifestado por la mujer, en 15 días el ministro volverá a recibirlos.
«Con la sindicalización del servicio penitenciario y de la Policía de la Provincia, evitaríamos atropellos que sufre la Policía y tendríamos participación en la paritaria», expresó Parraga. De este modo, reflota un debate que parecía estar saldado. Previamente desde el Ministerio de Trabajo se rechazó abruptamente esta posibilidad y se les negó la representación gremial a las autoridades policiales.
«La tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías», se expresó desde la cartera de trabajo.
