SALTA (Redacción) – Volvió a abrirse un nuevo capítulo en la disputa entre la Municipalidad de Salta y el Ente Regulador de Servicios Públicos por el cobro de impuestos. Ramiro Angulo, el procurador general de la administración pública local, acusó a Carlos Saravia, presidente de Ente, por estar actuando fuera de la competencia adecuada y que con eso perjudica a los vecinos. También aseguró que los impuestos municipales se seguirán cobrando a través de EDESA.
Angulo, por parte de la Municipalidad, aseguró que están cumpliendo con los requisitos legales exigidos desde la normativa y la carta orgánica municipal. Las mismas son las que habilitan a cobrar las tasas como así también los impuestos municipales. «Tenemos la absoluta tranquilidad de que lo estamos haciendo de la manera correcta. A los vecinos se les está cobrando lo que corresponde», manifestó el funcionario municipal.
Además, aclaró que la competencia del Ente Regulador sólo abarca a los servicios de Aguas del Norte y EDESA. Sin embargo, en lo que competencia a las cuestiones de la Municipalidad no tiene ninguna injerencia, recalcó Angulo. «Sus resoluciones no son sentencias ni tenemos que acatarlas», asumió Ramiro Angulo. En este sentido, recordó que EDESA no sólo puede cobrar su factura, sino que también la de LuSal, IPV, Aguas y el Impuesto Inmobiliario, todas competencias que no pertenecen al Ente.
En este sentido, Angulo denunció que el Ente está actuando y teniendo injerencia en problemas que son de la Municipalidad. «Presentamos un amparo en el cual contra el ente para que anule la resolución en la cual ordena a Edesa que saque de su factura el cobro de impuestos y tasas municipales». «Los actos administrativos, salvo que sean impugnados o revertidos por una sentencia judicial, tienen la firmeza de que son válidos», resaltó el funcionario.
La respuesta del Ente no se hizo esperar
Sin embargo, Carlos Saravia no se hizo esperar y lanzó su respuesta desde el organismo que él preside. Al respecto, asegura que «a la Municipalidad le incomoda la actuación del Ente». Además, los responsabilizó de haber robado a la sociedad «22 millones de pesos por mes cuando cobraron dos y tres veces los tributos. La misma fue bajo la figura ilegal de una unidad parcelaria que violaba la ley 2308 que rige en la Ley de Catastro único de la Dirección de inmueble», respondió.
Al mismo tiempo, afirma que los jueces les han dado la razón a través de los diferentes fallos y los dictámenes del Colegio de Escribanos. «Retrocedieron en cobrar 25205 tributos ilegales en relación a la tasa de prevención y protección de bienes y personas, lo dejaron de cobrar porque saben que estaba cobrando ilegalmente», argumentó. Finalmente, recordó que el Ente tiene como función prevenir que se utilice factura para mentir o falsear datos. «La mentira era que ponían un número de catastro trucho, de eso no están hablando. Esto generaba la confusión en el usuario que creía que el número de catastro era el real», resumió Saravia.
