SALTA (Redacción) – La polémica en Rosario de la Frontera sigue instalada. Es que la denuncia contra el intendente Gustavo Solís y su hermana, Carolina Solis está vigente. Tal es así que la presidente del Concejo Deliberante de la localidad sureña será una de las querellantes en la causa que investiga a la cabeza del municipio.
Tanto el intendente como su hermana, que se desempeñaba como secretaria de Hacienda, están siendo investigados por la Justicia. Se acusa a Gustavo Solís de fraude, cohecho, malversación de fondos y falsificación de indentidad. Esto último, con el objetivo de cobrar planes sociales de residentes en Rosario de la Frontera.
Valeria Orozco, presidenta del Concejo Deliberante local, explicó de qué se trata el pedido de la Fiscalía que investiga al intendente de Rosario de la Frontera. “La Justicia nos ha pedido ser querellantes en causas muy relevantes que son de público conocimiento”, manifestó la titular del concejo.
La concejala también aseguró que existen más irregularidades en el municipio comandado por Gustavo Solís. «Hay irregularidades con la obra pública . La pavimentación de una avenida importante, se ejecuta por adjudicación directa por un monto de 48 millones y la empresa a cargo no tomó empleados ya que se vale de “mano de obra barata” de contratados por la Municipalidad, que no cobran más que 12 mil pesos por mes», señaló Valeria Orozco.
En tanto, sostuvo que el Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera también abrió una línea de investigación. «Se aprobó un pedido de informes para que se informe sobre las erogaciones para el Festival de la Chaya, ya que en la última edición se perdieron ocho millones de pesos», concluyó Valeria Orozco.
