SALTA (Redacción) – En la jornada de ayer, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia firmó un convenio con la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta para garantizar el acceso a la información vinculada a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Itatí Carrique, titular de dicho órgano del Estado, valoró los avances alcanzados hasta entonces y remarcó la importancia de esta medida.
«Esta campaña viene a atacar uno de los principales problemas que hay con respecto a la IVE como es el acceso a la información. Fue propuesta desde el Ministerio de Salud con la idea de acercar información, no solo ligada a la IVE, sino también con el derecho que tienen las personas de acceder a métodos anticonceptivos para evitar cualquier embarazo no deseado», resaltó Carrique.
A través de un código QR, ahora todos quienes quieran obtener información sobre la IVE podrán hacerlo más fácilmente. La campaña se ejecutará en hospitales, centros de salud y organismos públicos. Al mismo tiempo, se impulsaron dos líneas de comunicación provincial donde se pueden hacerse consultas anónimas y confidenciales. «La provincia está avanzando en brindar una respuesta ante la necesidad que hay de cumplir con la IVE. Estamos dando pasos muy importantes», apuntó Carrique.
Actualmente, el principal problema se presenta con olas obras sociales y las empresas de medicina prepaga. De acuerdo a la secretaria, se niegan a cubrir el costo de la interrupción del embarazo. Carrique señaló que «en la ley está indicado que tanto el Estado como las empresas privadas son responsables de garantizar el acceso a una IVE o ILE. No es que no hay médicos, sino que no están reconociendo los tratamientos. En cambio, en el caso del Estado si estamos hablando de que faltan médicos para poder brindar un acceso correcto a estas práctica».
La cantidad de abortos que hubo en el 2021 en todo el país
La funcionaria provincial también recordó que la IVE plantea la objeción de conciencia para los médicos. Sin embargo, los enfermeros, ecografistas o personas que trabajan en la institución sanitaria deben cumplir con la ley. «Cuando una persona solicita el acceso a la IVE o ILE tiene que tener una respuesta en 10 días, no puede dilatarse más que eso. Ahí es cuando las instituciones que tienen médicos objetores deben hacer una derivación», explicó Carrique.
A lo largo del año 2021, hubo en total 3010 abortos en Salta, de los cuales el 92% fueron IVE y el 8 restante fueron interrupciones legales (ILE). La interrupción voluntaria es la que se aprobó en el 2020 en el Congreso de la Nación, siempre que el embarazo no haya pasado la semana 14. La ILE es la que rige hace más de 100 años que plantea que una persona gestante pueda acceder a su interrupción si fue víctima de una violación, que el embarazo ponga en riesgo su vida o que sea una persona con discapacidad.
