SALTA (Redacción) – Uno de los principios fundamentales del sistema democrático es la rendición de cuenta de nuestros gobernantes. Pareciera ser que en diez municipios salteños esto no lo tienen tan en cuenta porque no han presentado sus balances de gestión del 2001 y se acaba el plazo para hacerlo. Por eso desde la Auditoría General de la Provincia podrían sancionar a quienes no cumplieron con su responsabilidad.
Gustavo Ferraris, el auditor general, aclaró que ya se venció la prórroga para la presentación de cuentas generales de ejercicios del 2021. Más de 80% de los municipios ya han presentado formalmente los papeles con los detalles determinados. Solamente son diez localidades las que adeudan su rendición de cuenta.
El auditor fue claro: «es quizás la obligación más importante porque es la primera y más importante forma de rendir cuentas de la plata que se recauda”. Punto seguido, aclaró que esta responsabilidad le corresponde a todos los municipios de Salta, sin exclusión ni excepción alguna. Destacó también que en los últimos años hubo una gran mejoría por parte de cada localidad, ya que previamente era una «tortura» lograr que brinden información.
¿Cuáles son los municipios que adeudan su rendición de cuenta?
Ahora bien, ¿cuáles son estos municipios? Tartagal, Pichanal, Aguaray, Cafayate, La Poma, Angastaco, Animaná, Salvador Mazza, Rivadavia Banda Sur, El Quebrachal adeudan a la fecha actual la rendición de cuenta del año 2021. Por su parte, Ferraris aclaró que la aprobación de lo presentado queda en manos de la Legislatura de Salta y se puede avanzar con un juicio política hacia aquellos que no presentaron los papeles.
La legislación provincial considera que es un acto de mal desempeño no rendir cuenta. Además, la Auditoria también tiene la potestad de denunciar penalmente a las autoridades municipales por no cumplir con el deber de funcionarios. En este sentido, Ferraris anticipó que no se descarta esta opción. Último detalle, por ley hasta el 30 de junio hay plazo para rendir cuenta, pero se estiró hasta el 30 de septiembre para aquellos municipios que tenían pendiente hacerlo. Como aún lo siguen haciendo, el siguiente paso podría ser judicializado.
