SALTA (Redacción) – En la Cámara de Diputados ayer se le dio media sanción a un polémico proyecto. A través de la legislación sancionada se blindará a los funcionarios públicos que no podrán ser captados in fraganti cometiendo un delito. Claramente puede tratarse de una normativa que coharta la libertad de expresión. Sin embargo, Socorro Villamayor buscó justificar esta normativa.
Detrás de lo que es la regulación de las «fake news», se puede entender que hay un amedrentamiento a la información. Se trata de una contravención contra la identidad general y ahora todo queda en manos del Senado. Probablemente se apruebe de taquito ya que prácticamente no hay mucha disidencia. Villamayor compartió su reflexión al respecto.
«Hay una laguna a nivel nacional en el Código Penal de determinadas figuras que han surgido como consecuencia de la irrupción de la tecnología en la sociedad. Los diputados no tenemos facultad para modificar el Código Penal, pero si crear contravenciones, entonces hemos considerado importante ante esta demora a nivel nacional crear estas contravenciones», detalló Villamayor.
La diputada compartió los detalles puntuales de su proyecto
En cuestión, la diputada explicó punto por punto en que consiste esta ley. El primer artículo parte de marcar todas aquellas acciones ligadas a la difusión, publicación o distribución de filmaciones sin consentimiento de la víctima. La pena sería de 30 días de arresto, hay agravantes si la persona es mayor de 70 o menos de 18. Villamayor detalló que el segundo punto refiere a la instigación y hostigamiento a través de redes sociales.
Otro de los puntos a priori a tener en cuenta es que si alguien utiliza una imagen o datos filiales de otra persona o crea una cuenta apropiándose de la misma. Por último, el cuarto artículo refiere puntualmente a la cuestión de las fake news. Aquí se encuentra el gran meollo de la cuestión de esta normativa. Sin embargo, una vez más Villamayor tuvo sus argumentos.
«Se plantea mucho cuando se habla de de noticias falsas el tema de las contiendas políticas. Cuando hablamos de generar una contravención para noticias falsas lo estamos haciendo para cualquier tipo de noticia y cualquier persona de la sociedad, no solo es político. Esto habla de la creación y distribución de noticias falsas sabiendo que son falsas», fundamentó Villamayor.
La única voz disidente de esta normativa fue la legisladora de Juntos por el Cambio, Sofia Sierra. La diputada del PRO advirtió que lo que se busca es «blindar a los funcionarios públicos». «Se sigue respetando el derecho a la libertad de expresión y se valora el derecho a la información del tercero. Es una normativa que viene a proteger y dar una herramienta más a la violencia de género digital y que quiere ponerle fin a la mala costumbre de las noticias falsas. Esta ley no afecta ningún derecho ni ninguna libertad», concluyó Villamayor.
