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POLÍTICA

La quita de transferencias discrecionales serán un duro golpe para el Norte Grande

Los gobernadores del Norte Grande han manifestado su preocupación por los fuertes recortes confirmados por Luis Caputo ya que eso impedirá continuar con obras en ejecución y otros trabajos ya planificados.

Norte Grande
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SALTA (Redacción) – El país entró en una nueva etapa y se da lugar a un periodo de fuerte recorte del gasto público bajo el argumento de superar el déficit y volver a tener superávit. El trasfondo de este argumento es que se achican partidas presupuestarias para obras claves o sostener el cupo docente. Por eso es que los gobernadores del Norte Grande manifiestan su malestar por todo lo que perderán con la suspensión de las partidas discrecionales.

De acuerdo a cálculos realizados por personal especializado del Consejo del Norte Grande se perdería aproximadamente $292.815 millones por quita de transferencias discrecionales. Todo esto se dio a conocer después del anuncio de Luis Caputo, actual ministro de Economía. Esto obliga a los gobernadores de la región a hacer nuevas proyecciones con los recursos disponibles.

Se tratan de 10 provincias que están englobadas dentro de lo que es el NOA y el NEA, mejor conocido como Norte Grande. Los tres rubros fundamentales de esta región son el litio, la minería y la energía. Es decir, se trata de un espacio con gran potencial de desarrollo y fundamental para conseguir divisas. Por eso es que el anuncio de Caputo de «reducir al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias» ha generado gran preocupación.

Las repercusiones de la medida en la región

De acuerdo a un informe realizado por la propia administración del Norte Grande se estima que entre los meses de enero y noviembre del 2023 las transferencias discrecionales fueron por $ 406.687 millones. La gravedad de la situación actual es que sólo se garantizaría el 28% para el 2024 y el 72% podría ser eliminado. Es más, si se analiza a valores actuales son unos $292.815 millones en la región.

La mayoría de estos recursos se destinan para educación, ya que el 25% abarca a diferentes programas vinculados al mundo escolar. A su vez, dentro de ello se encuentra el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Con respecto a este punto, «se deberá contar con una ley que derogue la existente, por lo cual es poco factible que suceda desde el plano político y, además, también lo es desde el plano legal, ya que podría considerarse como derecho adquirido de los docentes el pago que reciben por dicho fondo».

Mientras que lo referido a la obra pública, el 33% de los fondos destinados al Norte Grande se enfocan en eso. El documento notifica que «son susceptibles de ser recortados e incluso eliminados». Buena parte de la financiación derivan de organismos internacionales y será el gobierno el que deberá decidir si continúa o corta con los mismos. Por último, el 20% corresponde a fondo fresco a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y Asistencia Financiera.

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