Patricia Segovia opinó sobre el fuerte enojo instalado en Orán debido a la llamativa denuncia que realizó el ex presidente del cuerpo de concejales de San Ramón de la Nueva Orán, Samuél Huerga. En su denuncia, explicó que 12 concejales de la región estaban cobrando un salario que estaba fijado por medio de una resolución que tenía un plazo hasta Diciembre de 2023. A pesar de que estamos en pleno 2024, al parecer los ediles siguieron cobrando su sueldo con el mismo incremento.
Según lo que explica la concejala oranense por la Unión Cívica Radical, este problema ya se venía gestando desde la gestión anterior y terminó por explotar ahora debido a que no se hicieron las cosas bien, ni antes, ni tampoco ahora. Con respecto a sus críticas a la administración anterior, argumentó que dieron de baja un convenio con la municipalidad que hacía que lo sueldos se retrotraigan al año 2022. A su vez, cuestionó a la gestión actual, en donde expresó que «el concejo actual debía fijar los sueldos con una resolución nueva y no lo hicieron, por eso actualmente los sueldos son de noviembre del año pasado».
Segovia aprovechó para desligarse de todo tipo de responsabilidad con estas declaraciones, tanto ella como sus pares ediles. «Somos 12 concejales, tuvimos una reunión informal sobre el estado de caja y sobre los balances. No contamos con una resolución, todo está dibujado. No hay registro de los nombramientos de los asesores, ni del contador, mucho menos de las actuaciones que se hacen».
Patricia Segovia por el aumento de los conejales de Orán: «no se contaba con el respaldo legal necesario»
Además, la funcionaria oranense cuestionó que no hay nada legal. «Teníamos un señor que se hace llamar contador, y nos presentó los papeles de forma muy informal, lo que significa que nada de esto es legal», sentenció Segovia.
Para finalizar, Patricia Segovia comunicó su repudio por esta situación y espera que la Justicia intervenga para llevar una solución rápida y dejó en claro que «administrativamente las cosas no están claras» y pidió que se investigue. «No nos aumentamos el sueldo, pero si está claro que no es legal lo que estamos cobrando, no contamos con una resolución que nos respalde a los concejales y a los miembros del concejo deliberante. Lo correcto era derogar lo que ya estaba y fijar una nueva resolución para tratarlo en el recinto».
