SALTA (Redacción) – Al inicio del segundo año de Gobierno de Javier Milei comienzan a gestarse frentes opositores para combatir la política de ajuste. Las comunidades originarias de Salta y otras organizaciones llaman a organizarse y gestar un proceso de unidad para defender sus intereses frente al plan libertario ya que, según su concepción, se ven totalmente afectados.
Dicho proceso se gestó el último lunes en la Asamblea Provincial de Organizaciones, Comunidades, CPI, y Referentes Indígenas de la Mesa de Derecho Indígena. El encuentro tuvo como objetivo primordial rechazar las políticas que afectan gravemente los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios. Un referente comunitario brindó detalles específicos sobre lo debatido y charlado en esta actividad.
El principal reclamo es evitar posibles nuevos desalojos «porque al estar anulada la emergencia territorial y derogada la Ley 26.160, todas las comunidades, incluso las que tienen relevamiento terminado, se verán afectadas», detalló en diálogo con Nuevo Diario. Por eso el panorama es de total preocupación en este aspecto.
La alarma se profundiza por los cambios en la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. «Muchas comunidades viven en el bosque o dependen de él para sobrevivir. Ahora, con esta nueva legislación que pone más de 720.000 hectáreas en el mercado, estamos a las puertas de posibles desalojos masivos», anticipó el referente de una de las comunidades.
Políticas extractivas y sin instancia de diálogo
Otras de las críticas que se realizó es la falta de diálogo y consenso para avanzar en determinadas políticas. Las comunidades originarias prácticamente no participan de las tomas de decisiones siendo ellas las principales afectadas. «Repudiamos los atropellos a los Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas, así como la nueva ‘Ley de Desmontes’ que prioriza los intereses extractivistas sobre la vida y los derechos de las comunidades», señaló.
Además de todo esto, «antes, aunque fuese limitado, existía un espacio de diálogo. Ahora, el Estado ha cerrado completamente la participación y no reconoce la representatividad de nuestras autoridades tradicionales». Para concluir, señaló que «tampoco sabemos qué está haciendo el RENACI, que antes registraba comunidades y certificaba la elección de autoridades. Hoy todo está paralizado, lo que muestra el desprecio hacia nuestras instituciones».
