SALTA (Redacción) – El año electoral comenzó con todo en Salta, en especial por la denuncia contra Emiliano Estrada a quien lo acusan de haber intimidado públicamente al gobernador Gustavo Sáenz. A cargo de la causa está Sofía Cornejo Solá, a cargo de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos; que ayer dio una conferencia brindando detalles específicos al respecto.
«Ayer se notificó la imputación al diputado Estrada. Vuelvo a repetir: la investigación no se inicia contra una persona, sino contra NN, y las pruebas nos llevaron hasta aquí», describió la fiscala salteña. Cornejo específico que, en gran medida, los diferentes indicios surgieron de compañías de telefonía, Tik Tok y declaraciones de testigos.
En resumen, esta causa se enmarca en un conjunto de vídeos que «atacan el orden público provincial». Según Cornejo dichas intimidaciones podrían afectar el bienestar comunitario y generar cierto temor en la población. «La gran mayoría de los vídeos analizados no tenían la entidad de ser delitos, pero otros van más allá de las críticas y buscan desestabilizar causando temor», agregó.
Para fundamentar aún más su decisión aclara que en el Código Penal en el artículo 211 está tipificado el delito de intimidación pública con una pena de dos a seis años. Al mismo tiempo, remarcó que la investigación es de carácter jurídico y no político. «Esto no es político, esto es jurídico», justificó. Al mismo tiempo se analiza la posibilidad de enviar el caso a fiscalía federal por la naturaleza de los hechos.
Sigue la investigación
Por su parte, se refirió a las pericias técnicas y la fiscal remarcó que el trabajo viene siendo exhaustivo en un análisis complejo de los aparatos telefónicos y dispositivos electrónicos. «Estamos realizando las pericias en los celulares, que son herramientas que pueden proporcionar mucha información. Este trabajo lleva tiempo, pero esperamos tener novedades en diez días».
A modo de conclusión, la fiscal hizo referencia a los vídeos investigados. «Estos delitos buscan desestabilizar el orden público. No se trata de injurias o calumnias, que son de acción privada, sino de actos que afectan a toda la sociedad. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y tranquilidad de la población», resumió Cornejo.
