SALTA (Redacción) – Fue demasiado grande la repercusión que hubo con respecto a la decisión del Gobierno provincial de construir un cerco fronterizo en Aguas Blancas. Inicialmente se consideró que era una medida discriminatoria y que apuntaba contra los extranjeros pero Adrián Zigarán, interventor del municipio, señaló que hay mucha confusión al respecto.
Desde Bolivia se había interpretado que esta era una medida en contra de ellos, pero ahora reconocen que se confundieron. Por eso Zigarán «emitieron un comunicado desde el gobierno de Bolivia diciendo que el alambrado, al estar dentro del Municipio, no afecta en nada la relación”. Así se descarta la hipótesis de un ataque a los bolivianos y se ratifica la postura de fortalecer controles.
«Estaban mal influenciados, flashearon con Donald Trump por lo que se informaba sobre los deportados de EE. UU. y entendieron mal el tema», señaló Zigarán al respecto. Con esta medida, solo se busca que los inmigrantes tengan que pasar obligatoriamente por migración, oficina que solía ser esquiva para quienes ingresaban al país.
El rol del Plan Güemes
Al mismo tiempo, siguió explicando que lo que ocurría antes era que los personas saltaban un pequeño muro para poder acceder al país vecino. Según lo detallado por el interventor de Aguas Blancas recordó que antes «pasaba todo y nadie controlaba nada». También señaló que con la implementación del Plan Güemes «hay gendarmes custodiando ese muro«.
Ante la aparición de un propietario del terreno donde se construirá este cerco, el interventor local subestimó su impacto. «Ariel Calderón es un histórico mal comprador de terrenos en Aguas Blancas y no es la primera vez que compra aire«, indicó. Se trata de la compra del 1% de un catastro indiviso que implica vereda y calle. «No puede decir que es su terreno», enfatizó.
