SALTA (Redacción) – En el último tiempo quedo a la vista que la Justicia es rápida para investigar casos vinculados a un sector político y bastante más lento para hacerlo con otros. Sin embargo, el criptogate podría cambiar esa situación porque la polémica que gira sobre Javier Milei es demasiado grande. Por eso, Sergio Leavy le reclamó al Poder Judicial que actúe de oficio.
Las repercusiones al rededor del mundo son muchas y ninguna favorable al presidente argentino. Más grave aún, para su reputación y alter ego, es que perdió la batalla en las redes sociales, particularmente en X (Twitter). Justamente, ese fue el lugar donde dio su punto de vista el senador Leavy reprochando esta actitud. Así también pide que el Congreso exija rendición de cuentas.
«Javier Milei promocionó una estafa con una criptomoneda trucha», indicó Leavy sobre esta polémica. «La presentó, siendo presidente, como “un instrumento de inversión para pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, continuó explicando. Sin embargo, se trató de una acción especulativa que arrojó un saldo de aproximadamente 100 millones de dólares con cinco ganadores y más de 40.000 damnificados.
Javier Milei promocionó una estafa con una criptomoneda trucha. La presentó, siendo presidente, como “un instrumento de inversión para pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Después borró el tuit e intenta desentenderse, diciendo que “no estaba interiorizado”.
— Sergio Oso Leavy (@ElOsoLeavy) February 15, 2025
Milei…
Incompatibilidad con la función pública
Sin embargo, al darse cuenta de la gravedad del asunto intentó desligarse pero ya era demasiado tarde. «Después borró el tuit e intenta desentenderse, diciendo que “no estaba interiorizado”. Milei fue partícipe necesario en esa estafa. Muchos de sus seguidores, incluso, pusieron plata porque él les recomendó hacerlo», indicó nuevamente Leavy.
Por todo esto, el senador señala que la situación actual es casual para, como mínimo, una investigación por parte de la Justicia Federal. «El caso $Libra encuadra dentro de las previsiones del art. 265 del Código. Penal: “Negociaciones incompatibles con la función pública”, explicó el legislador. «Esperamos que la justicia pueda actuar de oficio e investigar lo sucedido», expresó a modo de deseo final.
