En una decisión que encendió el debate nacional, Salta reafirmó su postura institucional al rechazar el proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad penal a los 14 años. El Ministerio Público Pupilar de Salta, a través de su asesora Carina Quinteros, cuestionó la medida por considerarla contraria a los derechos de la infancia y alertó sobre su carácter regresivo, inconstitucional e incompatible con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Quinteros explicó que una baja en la edad de imputabilidad no corrige las causas estructurales que generan la conflictividad social. En su intervención, advirtió que muchos adolescentes infractores sufren vulneraciones en educación, salud y contención familiar, lo que, sumado a su entorno de pobreza y adicción, profundiza su vulnerabilidad . El Ministerio Público también enfatizó que el Estado no puede limitarse a castigar, sino que debe cumplir con su deber de prevención integral.
Además del recurso institucional, el rechazo se sumó a la resolución unilateral del Gobernador Gustavo Sáenz, que en 2024 se declaró a favor de mantener la edad mínima de imputabilidad en 16 años, señalando que si un adolescente puede votar, también debe hacerse responsable de sus actos, pero en un marco justo y adecuado.
Las estadísticas respaldan este criterio local: solo un 4% de los jóvenes en conflicto con la ley penal en Salta tiene menos de 15 años y la mayoría comete delitos menores, principalmente hurto. Esto refuerza el argumento de quienes sostienen que bajar la edad solo llevaría a una criminalización excesiva de adolescentes que representan un fenómeno marginal.
Profesionales del derecho juvenil como Adolfo Sánchez Alegre repudian la propuesta en tanto desconoce el principio de progresividad de derechos y modifica un esquema consagrado a nivel nacional e internacional. Resaltan la falta de claridad sobre plazos, recursos e instituciones necesarias para implementar adecuadamente una norma de este tipo.
Este rechazo resuena con el de otros actores locales, como la exsenadora Sonia Escudero, quien dijo: “No podemos pensar que la policía salga a perseguir niños y que vaya contra los niveles más débiles de la sociedad”. También el Consejo Federal de Defensores y Asesores respaldó formalmente la oposición por considerar la propuesta regresiva.
Aunque el proyecto todavía se tramita en el Congreso, la postura salteña y los argumentos esgrimidos generan un antecedente fuerte: la provincia apuesta a políticas públicas y a un sistema de reinserción, antes que a un endurecimiento penal. Ello reafirma su compromiso con un enfoque de protección integral.
Fuentes oficiales, como el Ministerio Público Pupilar y el Ministerio de Justicia de la Nación, ofrecen documentación sobre la evolución del régimen penal juvenil y los compromisos asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.
