La Corte Suprema confirmó, el martes 10 de junio de 2025, la condena firme de seis años de prisión y inhabilitación perpetua a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad, un fallo unánime que amplía el impacto político y judicial de un proceso que promete marcar un antes y un después en la historia argentina .
La sentencia regresa al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Comodoro Py, que ya notificó a la expresidenta –y a los otros ocho condenados– para que se presenten en un máximo de cinco días hábiles. De no hacerlo, se dictará la detención por la fuerza pública .
Los pasos siguientes incluyen definir el tipo de detención y el lugar: prisión federal, unidad policial o, posiblemente, arresto domiciliario. Por su edad –72 años desde el 19 de febrero–, su defensa ya inició el trámite para esa modalidad .
El TOF2 solicitó al Ministerio de Seguridad que determine una sede adecuada, teniendo en cuenta su condición de expresidenta, la custodia especial y el intento de asesinato que sufrió en 2022. La protección será un factor clave en su situación penal .
La inhabilitación perpetua ya le impide postularse como diputada en las legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. El TOF2 remitirá inmediatamente el fallo a la Cámara Nacional Electoral, que la excluirá del padrón .
Aunque ya no puede recurrir en tribunales nacionales, su defensa planea presentar recursos ante instancias internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU –con un límite de seis meses para el primer paso– .
Este veredicto sacudió al peronismo: hubo protestas en Plaza de Mayo, cortes de ruta, movilizaciones sindicales y muestras de apoyo desde México –como la solidaridad pública de Claudia Sheinbaum– . El kirchnerismo reafirma su narrativa de “lawfare”, y la imagen de Cristina Kirchner se afianza como símbolo activo desde su domicilio.
Apenas culminen los pasos formales –citación, decisión judicial sobre el tipo de prisión, ubicación, y notificación electoral– empezará un nuevo capítulo político y jurídico con un alcance impredecible en pleno año electoral.
