Juan Esteban Romero volvió a reclamar el tratamiento de su proyecto de narcotest obligatorio para funcionarios provinciales. La iniciativa, que apunta a reforzar la transparencia institucional, lleva meses sin ser debatida. Y según el legislador, esto no es casual.
En su última entrevista, Esteban Romero denunció que Socorro Villamayor, presidenta del bloque, le impide presentar formalmente la propuesta. “Todos dicen estar de acuerdo, pero el cupo no me lo están dando”, afirmó.
El proyecto plantea realizar controles antidroga a todos los niveles: desde el gobernador, ministros y legisladores, hasta policías y subcomisarios. Incluye análisis de orina, sangre y pruebas rinoscópicas. Si un resultado diera positivo, el funcionario sería removido de inmediato.
“La idea es limpiar la imagen institucional de la política”, aseguró Romero, quien también propuso sanciones claras para quienes se nieguen al test. Sin embargo, el proyecto sigue paralizado en comisiones.
Distintos medios locales señalaron que algunos sectores evitarían el debate por temor al impacto interno. Las explicaciones oficiales no convencen. Y la demora despierta sospechas: ¿hay algo que algunos quieran ocultar?
El legislador salteño insiste: no exige que se apruebe el texto tal como está. Solo pide que se abra la discusión. “Podemos modificarlo, mejorarlo. Pero no debatirlo ya es una decisión política”, remarcó.
