El dirigente salteño Pablo Kosiner fue tajante al criticar el Decreto 383/2025, firmado por el Ejecutivo nacional. El texto habilita a la Policía Federal Argentina a actuar sin orden judicial previa, incluyendo detenciones, requisas y seguimientos, algo que el legislador calificó de “abiertamente inconstitucional”.
Según Kosiner, el decreto modifica por vía administrativa una norma que tiene rango de ley, lo cual representa una violación al principio de división de poderes. La crítica cobra fuerza en medio de un clima político tenso, donde distintas voces ya alertaban sobre el avance del Ejecutivo sobre facultades parlamentarias.
El exdiputado remarcó que estas modificaciones debían pasar por el Congreso y que otorgar poder discrecional a las fuerzas de seguridad sin control judicial “abre la puerta a situaciones gravísimas en materia de derechos humanos”. Su advertencia fue clara: la norma “no puede ni debe quedar firme”.
Desde organismos como el CELS y la Asociación de Abogados por la Justicia Social también expresaron preocupación por el nuevo marco, al considerar que vulnera tratados internacionales firmados por Argentina. La reacción judicial aún no se hizo esperar: varias ONG ya pidieron su revisión urgente.
Este decreto se enmarca en una serie de medidas de seguridad interior impulsadas desde Casa Rosada con el objetivo de “recuperar el orden público”. Sin embargo, las formas elegidas vuelven a levantar sospechas sobre un posible uso político de la seguridad.
La denuncia de Pablo Kosiner, con base jurídica clara, se suma a un creciente frente de rechazo que atraviesa el espectro político y social. Incluso en sectores oficialistas se admite que el decreto “fue demasiado lejos”.
Este episodio refuerza las tensiones entre el gobierno y sectores institucionales. Si bien no sorprende la lógica del decreto, lo que sí genera inquietud es el método elegido para imponerlo, sin debate previo ni consulta parlamentaria.
