(SALTA).– El gobernador Gustavo Sáenz consiguió que el Gobierno nacional revisara su posición sobre las restricciones al comercio fronterizo y postergara por 120 días la aplicación de las nuevas disposiciones. La decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llegó después de las gestiones del mandatario salteño, quien trasladó a las autoridades nacionales la preocupación de comerciantes, empresarios y municipios del norte provincial. La medida representa un avance para localidades cuya economía depende en buena parte del intercambio comercial con Bolivia.
El conflicto comenzó con la Resolución General 5910/2026, mediante la cual ARCA introdujo modificaciones al régimen de tráfico vecinal fronterizo. Entre las restricciones cuestionadas figuraba un límite de 150 dólares diarios por persona para determinadas operaciones de egreso de mercaderías. La disposición provocó preocupación en Aguas Blancas y Salvador Mazza, dos localidades donde el movimiento comercial representa una fuente importante de ingresos y trabajo. Los sectores afectados advirtieron que las nuevas exigencias podían perjudicar actividades desarrolladas legalmente.
Frente a ese escenario, Sáenz llevó personalmente el reclamo ante el titular de ARCA, Andrés Vázquez, y mantuvo contacto con el director general de Aduanas, José Vélis. El gobernador planteó que la necesidad de combatir las irregularidades y fortalecer los controles no podía traducirse en medidas que terminaran perjudicando a comerciantes y trabajadores. Su intervención buscó establecer una diferencia entre las actividades ilegales, que deben ser fiscalizadas, y el intercambio comercial permitido que sostiene parte de la economía de las poblaciones fronterizas.
Los reclamos también habían llegado a la Justicia Federal. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, impulsaron una acción de amparo para cuestionar la aplicación de las restricciones. Las autoridades municipales advirtieron sobre sus posibles consecuencias económicas y sociales, especialmente en comunidades donde existen pocas alternativas laborales. La intervención del Gobierno provincial permitió llevar esa preocupación a una instancia de negociación directa con las autoridades nacionales.
Una negociación que abrió una salida para el norte salteño
La respuesta llegó con la postergación de las modificaciones durante cuatro meses, dispuesta mediante la Resolución General 5914/2026. Durante ese período se prevé desarrollar mesas de trabajo para analizar las particularidades del comercio fronterizo y discutir alternativas de regulación. La decisión no implica la eliminación definitiva de las restricciones, pero concede un plazo para revisar su impacto y permite a los sectores afectados participar del debate antes de que se implementen los cambios previstos.
Tras conocerse la decisión, Sáenz destacó que las autoridades nacionales hubieran atendido el planteo formulado desde Salta. “Es una buena noticia que se haya escuchado nuestro reclamo”, expresó el mandatario, quien también defendió la necesidad de encontrar soluciones mediante el diálogo institucional. La intervención provincial se produjo en un escenario de diferencias con la administración de Javier Milei respecto de distintas políticas nacionales, aunque en esta oportunidad el intercambio permitió alcanzar una respuesta favorable para los intereses comerciales de la frontera.
El resultado también fortalece la posición política del gobernador como interlocutor de los municipios y los sectores productivos ante la Casa Rosada. La postergación ofrece un alivio temporal, aunque la solución definitiva dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse durante los próximos 120 días. Para Salta, el desafío será conseguir un régimen que garantice controles efectivos sin comprometer la actividad económica de sus localidades fronterizas. Sáenz consiguió abrir esa negociación y colocar las necesidades del norte provincial en la agenda nacional.

