De ese porcentaje, el 20% tenían cargo de secretarios y el 19% eran fiscales, según surge de un informe publicado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. En el mismo, se dio a conocer la iniciación de juicio en distintas jurisdicciones y con diferentes imputados, pero con una misma acusación: “la responsabilidad de integrantes del sistema de administración de justicia en la comisión de delitos de lesa humanidad”.
En ese marco, el informe dio a conocer casos, concluido o en proceso, en las provincias de Salta, La Rioja, Mendoza y Chaco. Un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad da cuenta de que están siendo investigadas, tanto en etapa de instrucción como de juicio, 48 personas. Y si se repara en otras once que estuvieron imputadas hasta su fallecimiento, la suma de integrantes del sistema de administración de justicia vinculadas a causas por crímenes cometidos durante la última dictadura asciende a 59.
Más del 50% de ese universo eran jueces o juezas al momento de los hechos; el 20% tenían cargo de secretarios; el 19% eran fiscales y el 8% defensores oficiales. Sólo trece obtuvieron sentencia -once condenas y dos absoluciones-: ocho de las once personas condenadas se desempeñaban como magistradas al momento de la comisión de los delitos. Si se cuentan las personas imputadas hasta su fallecimiento, la suma de integrantes del sistema de administración de justicia vinculadas a causas por crímenes de lesa humanidad asciende a 59.
Al repasar algunos de los casos, el informe señaló el juicio que en esta ciudad se le sigue al ex juez federal, Ricardo Lona, quien llegó a la instancia de debate oral acusado de los delitos de prevaricato, encubrimiento y omisión de perseguir a los responsables del secuestro y posterior desaparición del ex gobernador de esa provincia Miguel Ragone.
Por otra parte, se informó sobre la finalización de otro juicio por delito de lesa humanidad, esta vez ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja. Se trata de hechos que tuvieron como víctimas a 14 personas. Una de las condenas, agrega el informe, recayó en el ex juez federal, Roberto Catalán, quien fue juzgado como partícipe secundario de un homicidio, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y tormentos.
Catalán fue condenado a cuatro años de prisión por encubrimiento. Por el MPF intervinieron la fiscal Virginia Miguel Carmona y el fiscal Rafael Vehils Ruiz. En San Juan, en tanto, continúa el debate oral y público conocido como “megacausa III”, el que tiene 35 acusados. Allí otro ex funcionario judicial está siendo juzgado por su presunta participación en delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado.
Se trata de Juan Carlos Yanello, quien se desempeñara como fiscal federal y llegó a juicio acusado de ser partícipe primario de homicidio agravado (13 casos), privación abusiva de la libertad (65), tormentos agravados (63), robo y violación (2) cuando ejercía el cargo. Interviene el fiscal general de Mendoza, Dante Vega.
