SALTA (Redacción) – Numerosas instituciones y organismos sigue repudiando las políticas de seguridad que el Gobierno provincial ejecuta en el marco de la pandemia. Por este motivo, una vez más denunciaron que continúan los abusos policiales en Salta y piden el fin del Decreto 255. Al respecto, mencionaron que una vecina de Grand Bourg fue la última víctima de estas acciones. Incluso, repudiaron que quedó imputada por una presunta agresión contra la Policía.
La Mesa de Derechos Humanos de Salta brindó precisiones sobre este episodio, que se desarrolló en la noche del pasado domingo 7. Por entonces, los agentes de la Comisaría de Grand Bourg patrullaban por el barrio Puerto Argentina. En ese momento, observaron que Micaela Yanet García estaba fumando en la vereda y, por ese motivo, no tenía puesto su tapabocas. Según la entidad provincial, los uniformados aprovecharon esta escena para activar el protocolo del Decreto 255.
Abusos policiales
Según el documento que difundió el organismo, súbitamente siete oficiales aprehendieron a la mujer en la calle, a fin de llevarla hacia el interior de su casa. Para ello, remarcaron que ejercieron un uso desmedido de la fuerza, a través forcejeos y golpes. Incluso, mencionaron que los uniformados insultaron y amenazaron a la presunta infractora. No obstante, repudiaron que posteriormente los policías habrían tergiversado estos hecho, con el objetivo de justificar su accionar.
De acuerdo con la versión de los oficiales, la mujer habría intentado evitar su captura a partir de reiteradas agresiones. En ese sentido, testificaron que la detenida les habría propinado golpes y patadas. A su vez, reportaron que habría estado a punto de apoderarse de un arma de fuego. También, aludieron que las lesiones que la damnificada presenta en el cráneo se debieron a que voluntariamente comenzó a cabecear el patrullero en reiteradas ocasiones.
Asimismo, las autoridades de la Mesa de Derechos Humanos rechazaron la decisión que adoptó la Fiscal Penal N°1 Gabriela Buabse. En base a la versión de los policías, la responsable de la investigación acusó a la detenida como autora de los delitos de atentado a la autoridad agravado, amenazas, daños calificados, robo en grado de tentativa, en concurso con violación a las medidas adoptadas para impedir la propagación de una enfermedad y desobediencia policial.
