SALTA (Redacción) – El Decreto 255 que impulsó el Ejecutivo provincial con el gobernador Gustavo Sáenz a la cabeza, está siendo cuestionado por la Cámara Baja de la Legislatura y también por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El decreto creó el Régimen Especial Sancionatorio, que establece hasta 60 días de arresto, multa monetaria y retención de vehículos a quienes transgredan lo dispuesto por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19. El mismo según estos actores, es controversial.
Además otras de las controversias tienen que ver con que fija como juez de este tipo de infracciones al jefe de la Policía, retrotrayéndose a la versión anterior del Código Contravencional, ya que actualmente esa facultad recae en los jueces y la investigación en los fiscales. En tanto, la Policía se limita a actuar como auxiliar de la Justicia. Con el DNU 255, por el contrario, la fuerza de seguridad acusa, investiga y sanciona.
Además, fija como juez de este tipo de infracciones a la jefa de la Policía, retrotrayéndose a la versión anterior del Código Contravencional, que especifica esas competencias para los jueces y la investigación en los fiscales. En tanto, la Policía se limita a actuar como auxiliar de la Justicia. Con el DNU 255, por el contrario, la fuerza de seguridad acusa, investiga y sanciona. De hecho, se han registrado muchos abusos por parte de la Policía atribuyendo las facultades a ese decreto, detalla la información del DDN.
Abusos policiales
Muchos de los ciudadanos relatan que fueron demorados, maltratados y detenidos por no tener barbijo o por estar circulando sin contar de la autorización que terminaron con golpes y amenazas por parte de la Policía. Inclusive la Comisión de DDHH de la Cámara Baja, que se constituyó en Rosario de la Frontera y allí recogió testimonios, e inclusive denuncias penales, que seguramente verán la luz esta semana cuando presenten el informe a los diputados.
Ya con anterioridad la diputada Juárez señaló que: “Nos proponemos acompañar los casos de violencia policial. Vamos a elaborar un informe y a hacerlo público en la sesión de la Cámara. Tenemos que conversar con los integrantes de la comisión. Vamos a proponer realizar un pedido al fiscal de Derechos Humanos de la provincia, Gustavo Alberto Vilar Rey, para que informe sobre todas las causas de atropellos policiales que tiene en la provincia y seguramente vamos a convocar al Ministerio de Seguridad”.
