(Por diego Nofal) – La llegada de la Droguería Suizo Argentina a la provincia de Tucumán, ha puesto en alerta a los farmacéuticos y no es para menos, los antecedentes de la empresa en el norte del país no son los mejores. En esta provincia la millonaria exención impositiva, no es el problema más grave, sino como señaló El Intransigente, la gigante farmacéutica suele usar su posición de privilegio en el mercado, para formar precios y para dictar las reglas comerciales.
Esta distribuidora de remedios se mueve en varias provincias del país de manera casi monopólica. Pese a los problemas que podría traer enfrentarse a un gigante de la industria hay una denuncia que el dueño de una farmacia hizo en contra de la compañía de la familia Kovalivker en el año 2013 en un medio de Salta. Este antecedente, es el que más preocupa a los comerciantes de remedios en la provincia de Tucumán.
Esta denuncia llegó a los medios, gracias a Ricardo reales, en ella daba cuenta de cómo la droguería afectó gravemente el funcionamiento de varias farmacias de la capital y del interior provincial, marcando reglas comerciales para favorecer a grandes cadenas farmacéuticas nacionales que se habían asentado en territorio salteño. “En estas últimas semanas, la droguería Suizo Argentina ha estado dando de baja varias cuentas corrientes de farmacias de capital y del interior de esta provincia, dificultando con el Servicio Público Impropio dentro de la cadena de la Salud”, señalaba la denuncia.
“Es menester aclarar, que en la ciudad de Salta, existen solo dos droguerías masivas que proveen a la totalidad de las farmacias de Salta, quienes valiéndose de dicha posición predominante en el mercado, despliegan actitudes que atentan con las normativas de comercialización, especialmente la ley anti monopolios y la de defensa del consumidor”, explicaba la denuncia, para mostrar la posición dominante de la empresa porteña en la provincia del norte argentino.
“La Droguería Suizo Argentina en forma total y absolutamente intempestiva, decidió unilateralmente que no vendería a farmacias del medio, por cuanto la política de venta ahora desplegada obliga a comprar un límite mínimo de $30.000, lo que resulta imposible para las farmacias de barrios”, explicitaba la denuncia, una maniobra que buscaba, claramente, favorecer a las cadenas de farmacias nacionales.
“Esto implica que la farmacia no puede brindar el servicio público del que es sujeto activo, por la imposibilidad de poder comercializar los medicamentos que la Droguería no provee. De esta forma, la droguería despliega conductas que se encuentran reñidas con las normas de la ley 24240 al negarse a vender los medicamentos e imponer mínimos que resultan de cumplimiento imposible para la mayoría de las farmacias del medio, poniendo en riesgo la salud de la población”, sentenciaba la misiva de Reales.
