SALTA (Redacción) – Rubén Quispe es uno de los damnificado por los planes de ahorro y busca que se sancione un Proyecto de Ley para proteger a 8 mil perjudicados con esta modalidad de compra. Sin embargo, como no fue tratado en la Legislatura de Salta, ahora será presentado en el Congreso Nacional. «La cuota promedio se ha disparado en 23 mil pesos, y es un auto de baja gama que realmente no lo vale», describió ante Salta4400. También cuestionó: «Hay una deslealtad comercial por parte del Estado Nacional que le garantiza el funcionamiento a estas empresas».
En primer lugar, se le consultó sobre el tratamiento de la normativa en Salta. «Se iba a tratar, pero como ya no hay más sesiones, quedaba solo una extraordinaria, se iba a tratar de ingresarlo por tablas. Pero no se consiguió esa moción», lamentó el damnificado de los planes de ahorro. Luego, explicó: «El proyecto quedó pendiente. Es casi una copia que se está por presentar en Nación, en el Congreso».
Asimismo, Quispe detalló que el impulso de la Ley: «Va de la mano con un trámite que estoy gestionando desde el Ministerio de Producción. Porque ahora se vence el acuerdo de la IGJ y estamos a la expectativa de esto». «Se trata de coordinar un trabajo en conjunto por diferentes sectores y como no se pueden hacer reuniones, hemos decidido llevar adelante en reuniones vía zoom», agregó sobre la iniciativa que busca regular al sector automotriz.
En tanto, reveló que el diputado salteño que recibió el proyecto fue Javier Diez Villa y destacó: «Está a disposición y terminado para análisis profundo». Por otra parte, anticipó que este jueves desde las 18 horas realizarán un foro. «Para analizar los derechos del consumidor. De manera virtual un poco debatir lo que se viene trabajando y escuchar las problemáticas. Lo especial es que es una reunión de todo el país», apuntó.
Gestiones para impulsar el proyecto y una carta al presidente
Sobre este encuentro virtual detalló que «cada provincia lleva su propia gestión» para «coordinar un esfuerzo conjunto y un criterio en general». «Algunos de los proyectos que tienen las diferentes provincias, el más interesante es pedirles también a los legisladores de cada provincia, que apoyen esas mociones. Y de esa manera, ya estaríamos viendo un problema más a fondo y tratar de gestionarlo desde ahí», apuntó el damnificado.
También reveló: «Estamos trabajando en una carta que sería enviada al presidente (Alberto Fernández) de manera formal. Para que él vea y pueda intervenir en esta problemática». Por otra parte, se le consultó en qué situación se encuentra el tema de Fadua (Concesionaria Oficial de Fiat en Salta): «Tenemos encabezado todo en la justicia ordinaria». «Nosotros seguimos usando los reclamos por vía jurídica. Y los que están iniciando, los invitamos a que realicen la denuncia correspondiente en la secretaría de defensa del consumidor», consideró Quispe sobre las acciones legales contra la firma.
Por último sobre el contexto económico y las subas de las cuotas, lamentó: «Hay mucha morosidad. Aumentó mucho, es cada vez es más alta y hemos sufrido una suba de 400 mil pesos sobre el valor móvil». Así puntualizó: «Ahora un Fiat palio llegó al millón 500 en este mes y es desalentador. Y la cuota promedio se ha disparado en 23 mil pesos, y es un auto de baja gama que realmente no lo vale. Estamos muy preocupados por esto y nos mantenemos en alerta constante».
«Primero tendrían que velar por el derecho garantizado de los consumidores»
De igual manera, Quispe criticó: «He visto varias contradicciones por parte del gobierno nacional. Porque incluso están otorgando créditos en bancos promovidos por nación para compra de inmuebles. Pero tenemos el tema de los créditos UVA que han sido letales en todo el país, a lo mismo que el damnificado de planes de ahorro». «Hemos pasado la transición de gobierno en la era de Macri y ahora con Fernández. Y la verdad que es un problema que no puede pasar por alto», agregó.
«Tener un gobierno que está apoyando el impulso, la reactivación económica del campo automotriz, creo que primero tendrían que velar por el derecho garantizado de los consumidores», castigó. Del mismo modo completó: «En un buen uso de la aplicación de la ley. Porque es imposible que una familia promedio, con ingresos salariales que no superan los 40 mil pesos, tengan que estar pagando cuotas de 25 mil pesos».
«Hay una deslealtad comercial por parte del estado nacional que le garantiza el funcionamiento a estas empresas», describió con énfasis. «Y lamentablemente el que paga las consecuencias y carga con toda esta mochila económica es el consumidor, de estos actos. Esperamos ver que estas gestiones puedan avanzar y que esto a futuro mejore. La solución de planes de ahorro está en manos de Nación», concluyó.
