SALTA (Redacción) – La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, brindó detalles sobre la situación de las comunidades originarias de Salta. En este sentido, cuestionó duramente a un «sector de la justicia por su actuación». Allí describió que «desconocen los derechos de los pueblos indígenas». Por otra parte, manifestó que viajará a la Provincia en 2021 para entregar documentación a los pueblos originarios.
Respecto a lo último, la funcionaria nacional anticipó que posiblemente viaje a comienzos del nuevo año. Como bien apunta el DDN, señaló: «Queremos entregar alrededor de cien carpetas técnicas finalizadas. Son de distintas zonas de la provincia. Personalmente, he firmado 48, la mayoría de Salta, durante la pandemia». «Como muchos relevamientos territoriales demoraron, firmamos hace dos meses una prórroga con la provincia de Salta«, agregó.
Asimismo la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas explicó: «Tenemos relevamientos cuestionados por el Estado salteño que destrabaremos en los próximos días. Probablemente viajemos todos los meses, una semana. Quiero entregar personalmente las carpetas a cada comunidad para que las tengan en su poder». En tanto también remarcó su posición frente a los conflictos territoriales que padecen varios pueblos originarios.
Por esta razón, detalló: «Mientras esté vigente la ley 26.160, se suspenden todos los desalojos y desposesiones de las comunidades indígenas. Por lo pronto, hasta noviembre de 2021, la ley está plenamente vigente». No obstante reconoció: «Pero entre lo que ley dispone y lo que realmente ocurre, hay una brecha muy importante». «Esa situación nos lleva a cuestionar a algún sector de la justicia por su actuación», apuntó.
Intereses económicos sobre los territorios ancestrales
«Desconocen los derechos de los pueblos indígenas», castigó Odarda. Luego también señaló: «Sabemos que siempre existen intereses inmobiliarios o económicos detrás de los territorios. Por eso estamos pendientes de cada una de las causas». «Pedimos que se cumpla con la Constitución Nacional y con la ley 26.160. Estamos interviniendo en todas las causas judiciales abiertas, pidiendo su aplicación y frenando muchos desalojos», aclaró.
«También denunciamos el avance que existe de parte de algunos privados sobre territorio indígena. No es un hecho que ocurre solamente de Salta», completó la funcionaria. En este sentido, insistió sobre el Poder Judicial: «Entendemos que la justicia debe tener una sola vara, no una doble. Debe ser una para todos los ciudadanos». «Desde que asumimos el 10 de enero, y en el medio de la pandemia, hemos frenado desalojos y órdenes de remate de tierras. Son situaciones de avasallamiento que persisten», alertó.
Por último cabe mencionar sus objetivos: «Nuestra determinación es reparar toda la deuda histórica con los pueblos indígenas. Trabajamos en distintas líneas de acción». De este modo enumeró: «Hemos creado el área de la mujer por la cantidad de casos de abusos sexuales, maltrato o violencia contra mujeres indígenas. Antes de la pandemia, hicimos un primer relevamiento de personas indocumentadas. En una semana, detectamos mil setecientas personas sin documentos, la mayoría de Salta».
