SALTA (Redacción) – En el marco de la vacunación contra el coronavirus en Salta y el escándalo por el vacunatorio VIP, se abrió una causa contra el personal del CIF por tener dosis contra el COVID-19. Si bien el caso se elevó a la Justicia Federal, esta jornada una fiscal penal de la Provincia interpuso un recurso de apelación ante la Jueza de Garantías 7. Además, advirtió que la jueza tomó la determinación: “Sin siquiera contar con un elemento de valoración tan básico como el Legajo de Investigaciones”.
Precisamente, realizó la presentación la fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. De este modo interpuso un recurso de apelación ante la Jueza de Garantías 7. Con el objetivo de que deje sin efecto el fallo de incompetencia material de la Justicia ordinaria en la causa por las vacunas en el CIF dictado por la jueza de Garantías de Séptima Nominación, María Edith Rodríguez.
En tanto, la fiscal consideró que lo que se investiga es la conducta de integrantes del CIF “al gestionar y acceder a la vacunación de personal sin respetar los criterios de prioridad”. Además, Salinas Odorisio advirtió que la jueza tomó la determinación “sin siquiera contar con un elemento de valoración tan básico como el Legajo de Investigaciones». «Habría advertido la evidente competencia material de la Justicia provincial, sin que surja un motivo de tanta urgencia. Salvo el de evitar la profundización de la investigación que se lleva adelante”, argumentó.
Imputados por las vacunas
Desde la Fiscalía detalaron: «El lunes 8 de marzo, la jueza de Garantías de Séptima Nominación, María Edith Rodríguez, declaró la incompetencia material de la Justicia ordinaria en la causa “’Villagrán, Pedro Dilmar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad’. Y dispuso su remisión al Área de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal Federal».
Sin embargo, aclararon que la decisión fue adoptada luego que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio «requiriera la competencia de la justicia ordinaria para intervenir». De esta maneta, apuntaron que previamente «había requerido a la Fiscalía Federal actuante la remisión de la investigación, planteo que fue rechazado». Cabe recalcar que la resolución de la magistrada se adoptó en el momento en el que Salinas Odorisio estaba por imputar a tres personas más.
La jueza rodríguez consideró que debería actuar la Justicia Federal. “Se encuentra seriamente comprometido el interés nacional con una clara afectación al erario público nacional y la salud pública de toda la población argentina”, argumentó. No obstante, Salinas Odorisio señaló que no discute la competencia del Estado nacional para regular el ingreso y logística de vacunación de la población argentina.
Allí remarcó que lo que se investiga es la conducta de integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. “Al gestionar y acceder a la vacunación de personal por ellos incluidos en listas sin respetar los criterios de prioridad”. Y en cuanto a la afectación al erario público, Salinas Odorisio aclaró y destacó que “jamás se imputó por fraude económico”. Por último, la Fiscal insistió en que la causa debe ser llevada adelante por la Justicia provincial.
