SALTA (Redacción) – Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) solicitaron al Gobierno de la Provincia un informe sobre los Desmontes ilegales en Salta. Puntualmente sobre aquellos que afectan a la comunidad wichi y que ya denunciaron en varias ocasiones. De esta forma, alertó las consecuencias de estas actividades. «Se configura una situación clara de peligro de daño grave porque cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región», citó el organismo.
Este pedido de información lo realizó hace 10 días la propia titular del INAI, Madgalena Odarda. Lo hizo ante el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos. La zona afectada por la tala ilegal es la de la comunidad Territorios Comunitarios Wichí, ubicada sobre la ruta nacional 86 en el departamento San Martín. A las reiteradas denuncias se suma la que realizó Martín Kraft. Un documentalista que visitó la zona y fue testigo directo de la devastación del monte.
En este sentido, ese territorio de la comunidad wichi se encuentra relevado en el marco de la ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena. Además, existe una medida cautelar que prohíbe la tala desde diciembre de 2019. Sobre el pedido al Gobierno salteño, desde el INAI referenciaron la denuncia de la comunidad sobre el avance del desmonte ilegal en un bosque nativo de su territorio ancestral. La funcionaria Odarda reclamó en la solicitud de que se remita “a la brevedad» una copia de las denuncias penales que realizó el Ministerio hacia privados o funcionarios públicos «por los delitos eventualmente cometidos».
Un fallo de la Corte Suprema y los «graves daños»
«O en su defecto autorización administrativa fundamentada sobre excepciones a la vigencia de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosque Nativo nro. 26.331”, agregó. Luego, Odarda recordó: “El territorio indígena guarda un vínculo inescindible e irrenunciable con el derecho a la identidad y la cultura de las comunidades y pueblos». También recordó una sentencia dictada en marzo de 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí ordenaron de manera provisional el cese de los desmontes y talas de bosques nativos, autorizados por la provincia, en el marco de la causa caratulada «Salas, Dino y otros c/Salta y Estado Nacional s/amparo».
«Se configura una situación clara de peligro de daño grave porque cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región, afectando no solo los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras, perjuicio que se producirá de modo irreversible”, argumentó el fallo de hace 12 años. De este modo pidió que se ordene el cese inmediato del desmonte ilegal sobre monte nativo en la provincia de Salta. «En orden a las competencias y atribuciones otorgadas al INAI por la ley 23.302», detalló.
Y por último, la titular de INAI le señaló a De los Ríos que la comunidad Territorios Comunitarios Wichí “ha recibido la documentación que acredita la finalización del relevamiento territorial y el reconocimiento de la ocupación actual, tradicional y pública, prevista por la ley 26.160 y sus prórrogas”.
