SALTA (Redacción) – El escándalo de contrabando que implicó a los oficiales de Gendarmería Nacional de Aguaray ya tiene una sentencia. A una semana de su detención e imputación, el juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya ratificó la prisión preventiva para el comandante Marciano Alberto Páez. Si bien la defensa intentó revertir su situación, la medida no fue aceptada por el Tribunal de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
El efectivo se encuentra actualmente detenido junto al alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, todos del escuadrón de Aguaray. Cabe resaltar que todos están en prisión preventiva acusados de cometer el delito de tentativa de contrabando de exportación en concurso real con cohecho, por su condición de funcionario público.
En la primera audiencia, en la que se formalizó la acusación penal, el fiscal general Eduardo José Villalba efectuó la imputación. Esta decisión contemplaba a los tres gendarmes y al propietario de una finca colindante con Bolivia, ubicada en Campo Durán. Según explicaron desde la Justicia, la maniobra de los acusados consistía en el cobro de un peaje a los transportistas de granos. Hacían uso de este servicio todos aquellos que llegaban a la zona y no contaban con la documentación correspondiente.
Los jueces detallaron que el finquero era el primer nexo con los camioneros. Luego de pagar sumas que oscilaban entre los 150 y 200 mil pesos, avanzaban hacia la frontera con la cobertura especial que les brindaban Páez y sus subalternos. Ellos eran los encargados de liberar la zona para el paso ilegal de los transportistas. Con filtraciones de conversaciones y pruebas de coimas, dictaron la imputación y prisión preventiva para los miembros de Gendarmería Nacional de Aguaray.
Motivos de la decisión
En el marco de las exposiciones, las autoridades sostuvieron que esta decisión se tomó por riesgo de entorpecimiento de la investigación. Por este motivo, determinaron dictar la prisión preventiva para los cuatro implicados para continuar con la recaudación de pruebas. Así también descartaron el pedido de la defensa de Páez de revocar la sentencia dictada por el juez.