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Aguaray: Dieron prisión preventiva a un jefe de Gendarmería

El efectivo está involucrado en un procedimiento de contrabando.

Aguaray
Foto: Policía de la Provincia de Salta

SALTA (Redacción) – El comandante de Aguaray Marciano Alberto Páez, fue acusado hace una semana de liberar la zona para el contrabando de granos. Su defensa estos días, en un intento por sacarlo de prisión, expuso ciertos méritos del Jefe del Escuadrón 54. Ello, sin embargo, no conmovió al Tribunal de Revisión.

De esta manera la defensa del comandante intentó sin éxito revocar la prisión preventiva dictada por el juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya, medida que fue confirmada por el Tribunal de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. El planteo se hizo en una audiencia de impugnación, la cual se llevó a cabo el miércoles pasado.

La reunión estuvo liderada por la dirección del juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas junto a los vocales Alejandro Castellanos y Guillermo Elías. Páez, cabe señalar, se encuentra detenido junto a Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, acusados de cometer el delito de tentativa de contrabando de exportación en concurso real con cohecho, por su condición de funcionario público.

En la primera audiencia, el fiscal general Eduardo José Villalba efectuó la imputación, tanto contra los tres gendarmes como así también hacia el propietario de una finca colindante con Bolivia, ubicada en Campo Durán. Villalba, junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, explicaron al juez Montoya las maniobras desplegadas por los cuatro acusados.

Los privados de su libertad eran consistentes en el cobro de un peaje a los transportistas de granos que llegaban a la zona y buscaban pasar a Bolivia, sin contar con la documentación en regla. Indicó además los roles de los mismos, en los cuales el finquero era el primer nexo con los camioneros. El cobro del “peaje” oscilaban entre los 150 y 200 mil pesos.

Luego de este percance, avanzaban hacia la frontera con la cobertura especial que les brindaban Páez y sus subalternos, quienes liberaban la zona para el paso ilegal de los transportistas. Con un gran cúmulo de pruebas, la fiscalía avanzó no solo con la imputación, sino también solicitó la prisión preventiva.

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