SALTA (Redacción) – El juez de Cámara Marcelo Domínguez dispuso que el 17 de agosto se realice una «inspección ocular» en las instalaciones de la curtiembre «Lauju SRL» (ex Jamo) en Atocha, municipio de San Lorenzo. Se trata de la firma acusada de realizar contaminación ambiental desde hace más de diez años. Esta medida se dio tras otra cautelar presentada por el fiscal Rodrigo Erazo Schmidt que exige «la suspensión provisoria de la actividad industrial».
En este sentido, el Ministerio Público Fiscal recordó que había presentado el martes pasado la demanda «que busca dar estricto cumplimiento al deber legal de intervenir en defensa del medio ambiente y de los intereses generales de la sociedad». Allí remarcaron que se exige: «Ante las evidentes pruebas de que Luaju desarrolla una actividad altamente contaminante de manera ilegal. Pues la realiza sin ‘licencia ambiental'».
Sin autorizaciones legales
En este sentido, como se informó, el pedido del funcionario Erazo Schmidt «encuentra su sustento en que la actividad industrial de curtido de cuero que realiza Luaju no cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental«. «Ni autorización legal alguna de organismo administrativo con competencia en materia ambiental», remarcó la solicitud.
Además, desde el Ministerio Público remarcaron la problemática de gran preocupación para el medio ambiente. «Los análisis de agua realizados por el Departamento Técnico Científico del Área Ambiente del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) arrojaron presencia de metales pesados (sulfato de cromo, manganeso y cobre) en los efluentes vertidos», precisaron en el informe.
Por lo tanto, determinaron que “el valor obtenido para el parámetro de DQO supera ampliamente lo establecido en la normativa legal”. Finalmente, a todo lo mencionado se suma que la firma Luaju «emplea agua para uso industrial sin autorización de la Secretaría de Recursos Hídricos». «Tampoco obtuvo el ‘certificado de uso no conforme’ de la Municipalidad de San Lorenzo», completaron las autoridades.
