SALTA (Redacción) – Más allá que la Justicia ya le reclamó a las autoridades para que reconocieran las problemáticas sanitarias de las comunidades originarias de Salta, estas siguen sin recibir la atención que se merecen. Atención en salud que se merecen como cualquier persona de carne hueso respetando y garantizando el cumplimiento de sus derechos humanos fundamentales.
A principio de año se obligó al Poder Ejecutivo a garantizar la presencia y asistencia a los miembros de las comunidades originarias. Albergues y facilitadores interculturales son los principales reclamos ademas de la atención adecuada en el Hospital Materno Infantil. Al mismo tiempo, todos los nosocomios cabeceras de los diferentes departamentos de la Provincia.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a través de su abogado, Francisco Rodríguez, manifestaron su preocupación nuevamente. «La provincia en principio no estaba dispuesta a contestar la primer denuncia. Ya la segunda vez contestó de una forma indignante, señalando que era el Ministerio de Salud quien debía responder. No lo hizo, pese a que personalmente tuve un diálogo con el ministro Esteban, además de su compromiso en solucionar lo requerido por las comunidades», contó el magistrado.
En este sentido, Rodríguez detalló que «la situación de las comunidades es una cuestión estructural, de vulneración de derechos con nulas acciones por parte del Gobierno. Es una situación muy acuciante. El Poder Ejecutivo no solamente le niega asistencia a las comunidades, niega la información de lo que sucede a la misma justicia y a la sociedad en general», recriminaron.
La Corte Suprema de Salta recibió la denuncia contra la Provincia
A todo esto se suma que el máximo tribunal de la provincia confirmó la cautelar contra el Gobierno de Gustavo Sáenz. El hecho concreto es que se sigue negando la atención a los integrantes de las comunidades originarias y una fuerte omisión del Estado en esta situación. Fruto de esta irresponsabilidad de la gestión provincial se sigue sucediendo muertes y fallecimientos de niños y niñas por desnutrición.
La medida judicial la solicitó el agrupamiento «Infancia en deuda» y la Comisión Directiva Wichí Misión La Loma. El reclamo que se hace es el pedido del cumplimiento de la Ley 7.856 de salud intercultural. La misma se propuso acabar con los obstáculos en el acceso a la salud de las comunidades originarias poniendo fin a las diferentes formas de discriminación social.
«Esta decisión es fundamental», reconoció el abogado. A esto agregó, aclarando que «la presencia de facilitadores/as interculturales integrantes de los pueblos indígenas, colaborará en la comprensión, toma de decisión y acompañamiento en las diversas prácticas médicas que deban atravesar niñas y niños». Muchas de estas intervenciones no se realizaban por discriminación o se los interviene por con una clara vulneración de sus derechos básicos.
En este sentido, resaltó que se espera el cumplimiento del Estado provincial en garantizar los derechos de las comunidades. «Será necesario que la Corte de Justicia de Salta haga valer su valiosa decisión judicial», reclamó el abogado. Esto obligará al «el Poder Ejecutivo Provincial dé efectivo cumplimiento a la medida dispuesta, para que se prioricen verdaderamente los derechos de este grupo vulnerabilizado
