SALTA (Redacción) – Tras la polémica desatada con la empresa LuSal, desde el Ente Regulador de Servicios Públicos ordenó a EDESA que se excluya de la factura del servicio de energía eléctrica de todos los convenios firmados con LuSal. Todos estos requisitos son fundamentales hasta que se garanticen los principios tributarios de legalidad, igualdad e las cargas públicas, etc.
Una vez que se lo publique en el Boletín Oficial entrará en vigencia y se busca la proporcionalidad, publicidad y participación ciudadana. Más allá de esto, Lusal podrá seguir con su infraestructura y mecanismo de cobranza. También la Municipalidad podrá continuar cobrando porque tiene compartida la concesión del servicio de alumbrado y mantenimiento de la semaforización.
Entre las principales irregularidades detectadas en un proceso de auditoría está la falta de autorización para anexar las deudas de Lusal. A su vez, no está la aprobación del Concejo Deliberante, el incumplimiento de los subsidios fijados a favor de los más postergados. Mientras que también se reclama la falta de habilitación de procesos de participación ciudadana o audiencias públicas para determinar las tarifas.
Además, el Ente reclamó por una infraestructura de 65.000 luminarias que no tuvo mayor variación en todos estos años. La misma tendrá que ser solventada por ocho categorías que se fijarán a base de consumos y superficie de los inmuebles. Se le exige a Lusal que exista proporcionalidad entre el costo de servicio, la cantidad de usuarios y su capacidad contributiva.
Saravia confirmó que buscan corregir los defectos en la facturación
En este contexto, «hemos venido trabajando para corregir defectos en los procesos de facturación de la energía eléctrica, que se distorsiona por la incorporación de rubros que no tenían autorización para anexarse a la boleta de EDESA y que tampoco respetan elementales garantías para usuarios en los cálculos de las tarifas de la tasa de alumbrado público», detalló Saravia.
Por último, Saravia planteó que «cuando se confunden las figuras de contribuyentes y usuarios, se utiliza la factura de un servicio esencial y se ocultan los procesos para actualizar tarifas, debemos asegurar que se respete la normativa vigente tenemos la obligación de intervenir y, como en el caso de LUSAL, de revertir situaciones injustas y violatorias de la normativa vigente».
