SALTA (Redacción) – La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervinó y pidió informes al Gobierno Nacional, al Gobierno Provincial y al de Jujuy para conocer detalles sobre los contratos de explotación del litio. Es que comunidades originarias de la cuenca Salinas Grandes, que se extiende desde San Antonio de los Cobres hasta Abra Pampa, presentaron un ‘Amparo ambiental’.
El mismo pide la conformación de un comité de expertos independientes, con participación de especialistas a designar por las partes, “que estudien con un enfoque ecosistémico de hidrología, la biodiversidad y los aspectos socioculturales de la Cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc. Establezcan una línea de base de la cuenca y determinen los posibles impactos en el ambiente físico, social y cultural de la minería de litio«.
Además exigen el dictado de una medida cautelar de no innovar por la cual se ordene a ambas provincias abstenerse de otorgar permisos de cateos o exploración de litio. En este sentido, acusaron a los gobiernos de Salta y Jujuy de «no realizar una adecuada evaluación de los impactos ambientales».
La decisión de la Corte
Por este motivo, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti solicitaron detalles sobre los contratos de explotación de litio. La Corte Suprema de Justicia requirió “copia de todas las actuaciones vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato en las provincias de Jujuy y Salta. Las empresas y/o consorcios vinculadas a las mismas y las proyecciones económicas de tal actividad”.
A través de un escrito, la Corte Suprema justificó esta decisión que podría provocar un fuerte impacto en la explotación de litio. «No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial. Cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados”, sentenciaron.
