SALTA (Redacción) – La dura política de ajuste estructural que comenzó a implementar Javier Milei ya hace eco en la economía real y en el bolsillo de los argentinos. Ante la liberación de precios se notificó que la tarifa del gas en Salta podría subir hasta 700%. El próximo 8 de enero es la audiencia pública donde se definirá los nuevos valores reales.
La variación de esta actualización será mucho más fuerte en el interior del país. Las empresas de distribución de gas, es decir las que llevan el fluido y los comercios, expresaron su necesidad de actualizar las tarifas desde el mes de febrero en al menos el 350% y variará en cada jurisdicción. Todo esto en el marco del descongelamiento de las valores del servicio.
Se debe recordar que el proceso de audiencia pública se trata de la etapa previa donde cada compañía le presenta los documentos respectivos al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). A través de esa vía cada empresa presenta los argumentos para solicitar la actualización del costo del servicio que estuvo congelado en todo este último tiempo.
El atraso tarifario
Ya el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, demostró la situación real de los tarifarios. «En diciembre los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural pagan en promedio el 33% del costo de abastecimiento mientras en restante 67% lo abona el Estado nacional», señalaron en un informe realizado.
«Debido a que el 80% del costo eléctrico y el 100% del costo de gas están dolarizados, estas proporciones pueden cambiar sensiblemente a partir del salto del tipo de cambio de $400 a $800 pesos por dólar. En ausencia de nuevos incrementos en el precio estacional, es posible que la cobertura de costos se reduzca significativamente», señalaron.
Finalmente, se debe aclarar que la opinión de las empresas no es final . «Sin perjuicio de ello, reviste relevancia dado que importa una real participación ya que las manifestaciones realizadas en ese ámbito deben ser consideradas y el Enargas tiene como obligación fundamentar adecuadamente en la decisión final cuáles argumentos han sido receptados y cuáles han sido desestimados y las razones de ello», se aclaró a modo de cierre.
