SALTA (Redacción) – La Cámara de Diputados de Salta incluyó en su acta de labor parlamentaria un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y que pone en peligro el DNU de Gustavo Sáenz. Con este proyecto se crearán cinco juzgados contravencionales. De esta manera, quedaría sin efecto la actual normativa 819, que derivó del Decreto 255. Este fue cuestionado por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante los casos de abuso policial en el marco de la cuarentena.
Serían los últimos días del polémico DNU 255
Como bien apunta el DDN, en el caso de sancionarse el proyecto que tratará este martes el recinto legislativo, dejaría sin efecto la Ley 819. La cual derivó del Decreto de Necesidad de Urgencia 255. En el marco del polémico documento dictado por el mandatario Sáenz, se cometieron varios hechos de exceso policial. Estos fueron denunciados, entre otros, por asociaciones y organismos nacionales de Derechos Humanos. Se debe apuntar que en el proyecto no se especifica que perderá vigencia esa normativa. Sin embargo en artículo 13 indica que se derogará toda norma que se le oponga.
En tanto, cabe mencionar que el DNU primero fue cuestionado por su carácter inconstitucional. Teniendo en cuenta que varios legisladores entendían que el Ejecutivo Provincial estaba creando una ley, cuya labor está reservada a la Legislatura. Además, fue dictado a principios de abril, cuando empezó la cuarentena obligatoria y en medio de las medidas más estrictas que tuvo Salta. Precisamente, el Decreto 255 ponía en vigencia el «Régimen Especial Sancionatorio» para castigar los incumplimientos a las órdenes del Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial.
Casos de abusos de poder policial
Luego, se debe mencionar que tras los cuestionamientos por la institucionalidad se registraron situaciones de mayor gravedad institucional. Porque amparados en el DNU 255 se registraron varios casos de abuso por parte de la Policía de Salta. Teniendo en cuenta que era muy amplio en su aplicación y se prestaba para diversas interpretaciones por parte de los efectivos. Ya que cuando consideraban que una persona estaba en falta, en ningún momento daban intervención al Poder Judicial cuando detenían a alguien aplicándole el decreto.
En el mismo sentido, la gravedad de los casos que salieron a la luz produjeron la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. De esta forma, desde el organismo presentaron un habeas corpus colectivo y preventivo contra la violencia institucional en Salta. Además solicitaron a la Justicia provincial que declare la inconstitucionalidad del DNU 255. Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura también solicitó su derogación.
La Corte de Justicia de Salta todavía no se pronunció al respecto. Teniendo en cuenta un planteo realizado por organismos de derechos humanos de la provincia. Además del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes también consideran la normativa como inconstitucional. Por último, se debe mencionar que la Ley 8191 fue promulgada por el Ejecutivo el 30 de junio. Ya que se venció el plazo de 90 días que tiene la Legislatura para abordar un DNU. En este caso el 255 nunca estuvo en consideración para tratarse, frenado por la amplia mayoría que tiene el oficialismo en Diputados.
