SALTA (Redacción) – La postergación en materia de oportunidades y derechos básicos alcanza su máxima expresión en instancias tales como la que atravesamos hoy respecto de los asentamientos. Como una bomba de tiempo predecible, los enfrentamientos entre las personas ubicadas allí y efectivos policiales dejaron fuertes postales; postalez que exponen la lamentosa realidad de miles de personas que hace más de 100 días buscan la posibilidad de tener un terreno propio.
Sin embargo, a pesar de la situación epidemiológica, el gobierno provincial apeló a hacer la vista gorda lo que motivó que muchos de los que están ahí hagan de estos asentamientos ubicados en San Calixto y Ampliación Parque La Vega, su único modus operandi. Esta semana conocíamos que la Policía se cruzó con ellos en un duro enfrentamiento que arrojó fuertes imágenes y dejó un saldo de graves heridas aunque las fuerzas advierten que no se trató de un “desalojo”.
Debido a que se explicó que algunos intentaron construir en este sitio y pasar materiales de manera ilegal, la Policía habría tomado cartas en el asunto según establece la orden que reciben. Como ésta, múltiples versiones salieron a la luz lo que motivó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Finalmente, el organismo en cuestión denunció a las fuerzas de seguridad de Salta.
Graves denuncias y testimonios
La denuncia es por abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales y tentativa de homicidio. Como se informó, la delegada en Salta de la Secretaría, que tiene como titular a Horacio César Pietragalla Corti, María Martínez Morales Miy, recorrió los asentamientos. Allí relevó testimonios de decenas de personas heridas en el suceso con balas de goma, por ejemplo.
Según consigna el DDN, desde la Secretaría de DD.HH. relevaron que el pasado 20 de mayo cerca de 1.100 familias, unas 3.000 personas, se encuentran asentadas en los terrenos fiscales San Calixto y ampliación Parque La Vega”. Una situación que reveló la grave crisis habitacional que atraviesa la Provincia. En tanto, Martínez Morales My afirmó que el martes hubo una represión «violenta e innecesaria».
Los vecinos le relataron a la funcionaria que tuvieron que meter en un pozo de tierra a varios chicos. Para protegerlos de las balas de goma y el gas lacrimógeno que lanzó la Policía. Según expuso la funcionaria en su denuncia: «Testimonios de varios de los vecinos expresaron que las amenazas e intimidaciones fueron una constante por parte de los uniformados». Quienes se referían a los/as vecinos/as de forma despectiva y discriminatoria. Burlándose, insultando y en muchas ocasiones llegando a recargar sus armas enfrente de ellos/as a los fines de asustarlos/as y amedrentarlos/as».
En las imágenes a las que pudo acceder Salta 4400 se puede ver como el 25 de octubre personal policial ingresaba a los disparos al lugar. Allí se encuentran hace más de 100 días familias que buscan la posibilidad de tener un terreno propio. Los recurrentes tiros, los móviles arribando a la zona, la quita del vallado permiten el avance de la fuerzas frente a las familias que se encontraban allí. Por su parte, desde los asentamientos respondieron también atacando a los efectivos como declaró el encargado de prensa de la Policía de Salta.
“La policía advierte que habían ingresado con elementos para innovar y es allí donde se les advierte a las personas que no pueden hacerlo. Hubo amenazas para el personal policial y también les dijeron que exigían que se retire toda la policía de los vallados. Dijeron que si no lo hacían para la noche iban a tomar represalias”, reveló el comisario Velardez. Fue a las 21 horas, cuando se comenzaron a registrar los incidentes donde se manifestaron en las vallas.
“Comenzaron a tomar las vallas y a agredir al personal policial que estaban en ellas. Son 9 los policías que han resultado lesionados con politraumatismo; ubieron bombas molotov contra la policía y muchos elementos contundentes que habilitaron que se envíen recursos operativos”, aseguró. Por ello, consideró que la actuación se hizo cumpliendo con los protocolos.
