(Por Diego Nofal) El intendente Jorge Enrique Prado se robó caños del Gasoducto NOA – NEA, nadie duda de ello. Las máquinas de la Municipalidad de Aguaray se encargaron de desenterrarlos, el mismo jefe comunal firmó los premisos para extraerlos y trasladarlos. Después quedará la discusión si fueron 35, 23 o 10 kilómetros de caños, pero se los robó. La Constitución Nacional y la provincial establecen un remedio legítimo para resguardar los bienes municipales ante tamaño saqueo, y es la intervención.
Luego será la Justicia, la encargada de establecer las responsabilidades penales. Eso es algo que todos aprendimos en el secundario. Todos, salvo Claudio del Plá, ayer el Partido Obrero votó en contra de la intervención esgrimiendo insólitos argumentos completamente alejados de los procedimientos institucionales establecidos por las cartas magnas nacionales y provinciales. Además sus dichos mostraron un claro desconocimiento de la división de poderes.
“El pueblo de Aguaray se está movilizando legítimamente. La semana pasada se estableció un pliego de reclamo de la movilización donde se le exigió al intendente que muestre las cuentas municipales a una comisión de vecinos, se pidió por los trabajadores precarizados que prestan servicio en la Municipalidad, entre otras cosas justas. Sobre todo se abordó sobre este hecho corrupto del robo de los caños, es decir que en el cuadro de esta movilización la gente está reclamando y quieren respuestas. Por eso el reclamo de que se vayan todos se ha instalado en la población, esto está fuera de dudas”, empezó declarando el diputado en la sesión de anoche.
“Este intendente debe irse, pero no debe irse de arriba para abajo, sino porque le pueblo le imponga la renuncia e imponga una comisión responsable que lleve adelante lo que el pueblo reclama, realmente terminar con la corrupción, realmente terminar con el trabajo en negro”, dijo Claudio Del Pla sin aclarar si lo que buscaba es que la conflictividad social lleve al intendente a la renuncia. Recordemos que la semana pasada hubo una marcha a favor del jefe comunal, subir la tensión sólo hubiera generado, innecesariamente, un enfrentamiento entre vecinos. Pero desde el trotskismo vernáculo, la regla es el conflicto, la solución pacífica es la excepción. Tampoco explicó cuál sería el método para que el pueblo depusiera al intendente que, claramente, no quiere dejar su cargo.
“Por otra parte, que autoridad a los 10 meses de haber asumido, tiene los mismos problemas de este municipio. Recordemos que Sáenz tuvo que colonizar la Justicia para que no se investigue el fraude a la municipalidad, tuvo que irse por la ventana el secretario de Hacienda, ese poder político que actúa de esa manera, va a ser el garante de que no salga impune Prado, de ninguna manera, por eso estamos en contra de la intervención”, dijo mezclando argumentos, que a esa altura de su discursos ya sonaban muy confusos.
Dos ejemplos insólitos
Para enredar más la cuestión, trajo a la mesa de debate dos ejemplos que a simple vista son sobradamente inadecuados. “¿Cuál es el balance de cuando se intervino, al intendente Villalba de Salvador Mazza? no se investigó nada y se endeudó el municipio. Lo mismo pasó en El Bordo, qué se investigó ahí, absolutamente nada, fue para garantizar la impunidad”, dijo haciendo un insólito paralelismo. Recordemos que Carlos Villalba y Juan “Chicho” Mazzone no fueron depuesto de sus cargos por corrupción. Ambos vieron llega el fin de sus gobiernos por sendos escándalos sexuales.
El ex titular de Salvador Mazza fue hallado en con prostíbulo ilegal y el de El Bordo sufrió la intervención luego de que se difundieran fotos suyas con menores en ropa interior. El parlamentario del PO tampoco reparó en que no es función de los interventores investigar la corrupción sino hacerse cargo de las tareas administrativas hasta tanto haya elecciones. La responsabilidad de investigar es de la Justicia. Que, por cierto, condenó a los dos ex jefes comunales, uno por corrupción de menores y el otro fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Un intendente por 10 meses
“Los reclamos de los vecinos deben ser atendidos, no puede haber una intervención debe haber una comisión de vecinos se hagan cargo del gobierno durante 90 días y se convoque a elecciones”, señaló Del Pla. Lo que no dijo es como se elegiría a esa comisión de vecinos, ni cuál sería el órgano que la controle o sus potestades. Además si se hace cargo por 90 días, y se convoca a elecciones, algo que tomará, según el Código Electoral, alrededor de dos meses. Es decir que el intendente electo sólo estaría en su cargo 10 meses, una sinrazón para la cantidad de dinero público que implica una elección.
