SALTA (Redacción) – Ante la falta de medidas y acciones del Gobierno Provincial por la emergencia habitacional que padece Salta, buscan conformar una «Mesa de Concertación». Esta iniciativa la plantearon la diputada nacional Lía Verónica Caliva y el procurador general, Abel Cornejo, en una reunión virtual. Allí intercambiaron información sobre políticas públicas referidas a la ocupación de tierras, el déficit habitacional, la violencia institucional y de género.
En este sentido, tanto la legisladora como el procurador acordaron en la «necesidad» de conformar una «Mesa de Concertación» junto a los distintos poderes del Estado. El objetivo que informaron es que se permita «aportar y definir soluciones a problemáticas urgentes que tiene la provincia». Allí Caliva indicó los planteos que hicieron llegar organizaciones y personas al Congreso. Especialmente las vinculadas con «conflictos por tierras y asentamientos conformados en capital y el interior provincial».
Teniendo en cuenta la emergencia habitacional, la diputada destacó la «necesidad de seguir evitando desalojos y la represión de las familias asentadas». En ese mismo sentido, apuntó que muchas familias se sumaron al cordón de pobreza profundizada por la pandemia. Y que se podría generara un «estallido social» si el Estado no se anticipa y contiene la «emergencia social antes de que pierda vigencia la prohibición de desalojos de alquileres».
Posibles medidas ante la crisis
Mientras tanto, Cornejo destacó «la importancia del diálogo y de garantizar la paz, igualdad y equidad entre los distintos sectores en el marco de la emergencia sanitaria y social vigente». Allí precisó que desde el inicio del asentamiento en San Calixto «se produjeron más de veinte audiencias de mediación». «Ante una situación que se fue tensando debido a la rotación de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial», argumentó.
Asimismo el Procurador general propuso: «Ante el déficit de más de 100 mil viviendas y en el marco de la Mesa de Concertación se analice como vía de solución que se avance en un relevamiento integral de tierras fiscales disponibles y déficit habitacional». Y por esto que se permuten tierras productivas de propiedad del Estado, por tierras privadas donde podrían ejecutarse loteos sociales.
“Hay propietarios de tierras con servicios y que podrían recibir a cambio de ellas, tierras destinadas a la explotación agroforestal. De esa forma, se lograría una compensación de propiedades, tal como lo establece la Doctrina de Expropiaciones Justas”, señaló el funcionario. Finalmente, Caliva y Cornejo discutieron sobre otros temas y acordaron trabajar en una agenda conjunta. Según la legisladora: “Será muy extensa, pero se debe empezar con lo más urgente”.
