SALTA (Redacción) – El Gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, había denunciado durante una conferencia de prensa sobre la cuarentena que recibió amenazas «de todo tipo». Sin embargo, nunca respondió al pliego de preguntas enviado por la Fiscalía y tampoco aportó pruebas sobre la situación. Si bien los dichos del mandatario desencadenaron una investigación judicial, ahora se encamina a quedar archivada ante la falta de evidencias concretas.
«Los que no se animan a dar la cara»
En septiembre, cuando anunció detalles sobre el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el gobernador Gustavo Sáenz había asegurado que recibió amenazas “de todo tipo” ante las medidas sanitarias. Como bien precisa el DDN, el mandatario apuntó: «He recibido amenazas de todo tipo, porque lamentablemente, detrás un teléfono privado o en las redes sociales se esconden los miserables. Los que no se animan a dar la cara».
Del mismo modo había señalado contra «los que no se animan a decir las cosas de frente». Y aseguró: «No me van a amedrentar, no me van a asustar”. En tanto, por instrucción del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, el Poder Judicial inició una investigación de oficio. Fue el 21 de septiembre cuando el fiscal penal Pablo Paz ordenó las primeras medidas. Con el objetivo de esclarecer las amenazas que habría recibido Sáenz.
Sin «elementos concretos»
Sin embargo, hasta el momento la causa no avanzó por falta de pruebas que no brindó el mandatario. De esta manera, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que el fiscal Paz inició de oficio la investigación sobre supuestas amenazas contra el gobernador “pero no tuvo elementos concretos para avanzar con la investigación”. En tanto, desde el organismo detallaron que la víctima no respondió al pliego de preguntas enviado por la Fiscalía.
Además, Sáenz tampoco aportó datos sobre sus expresiones que realizó de forma pública, referidas a las posibles amenazas. No obstante, a pesar de no haber recibido los datos que podría haber aportado el mandatario la investigación se mantiene abierta, con otras medidas dictadas. En el caso de que las pruebas necesarias no aparezcan y la investigación no pueda avanzar, el caso quedará cerrado, a pesar de los dichos del 20 de septiembre.
