SALTA (Redacción) – Los índices de pobreza, la crisis humanitaria y los asentamientos son algunas de las muestras de un sistema político y social fracturado históricamente. Si bien pocas cosas sorprenden ya, se conoció que el gobierno provincial decidió oficializar la prórroga de la ley de emergencia económica. Esta decisión sale a la luz, tras nada más y nada menos que 30 años de vigencia de la ley en cuestión.
En el Boletín Oficial de la Provincia y con la firma de los nueve ministros, el secretario general de la Gobernación y el gobernador Gustavo Sáenz, se prorrogó la Ley 6.583 de Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica. Además, figura en el texto la ley 7.125, que propone la adhesión de Salta a la Ley Nacional de Emergencia Económica y Financiera.
Desde 1990 al 2020 sin avances
Haciendo memoria, la primera vez que se dictó la emergencia fue en marzo de 1990. En su articulado prevé la suspensión por el plazo de un año todo compromiso que directa o indirectamente afecte los recursos del Tesoro Provincial. Sin embargo, una cosa lleva a la otra y así pasaron 30 años de prórroga en prórroga y con una emergencia que sigue vigente haciendo mella. De allí, los intentos desesperados del gobierno provincial en torno a endeudamientos millonarios.
Esta vez, fue el gobernador Gustavo Sáenz con todos sus ministros, quienes decretaron extenderla por un año más. Con esta prórroga, se cumplen 30 años en la Provincia que vive en emergencia económica. En este contexto, el Gabinete, junto al Gobernador, entienden que en el actual contexto socio-sanitario, implica una situación que requiere de un accionar estatal diligente. De hecho, apuntaron a la significativa disminución en la recaudación de las arcas estatales.
Consideran, además que “resulta insoslayable sostener el actual sistema, con el objeto de evitar la caída abrupta del régimen de Emergencia económica, con los consiguientes riesgos que ello implicaría para la Administración”. En este marco, se consultó al Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, como los presidentes de las Cámaras legislativas, Antonio Marocco y Esteban Amat, para renovar la vigencia de la Emergencia. Precisamente, ahora el decreto debe remitirse a la Legislatura en el plazo de cinco días, a los efectos previstos en el artículo 145 de la Constitución Provincial.
