SALTA (Redacción) – A pesar de que cada quien es libre de expresarse en sus redes sociales, existen funciones que ameritan un uso responsable de las mismas. Al menos, así lo entiende la justicia. De la misma manera que sucedió con el diputado Ignacio Jarsún, imputaron provisionalmente a Gustavo Orlando Orozco, diputado provincial, por la comisión del delito de apología del crimen, en perjuicio de la tranquilidad pública.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, fue quien dio el primer paso en torno a esta imputación. La audiencia de imputación se realizó este viernes, vía Zoom. La modalidad responde a la ausencia del diputado representante de ese departamento, Gustavo Orozco, en la ciudad de Rosario de la Frontera. Se concretó con la presencia de su abogado particular.
Según consta en las actuaciones, el legislador habría expresado que quienes maten a un policía y los violadores “deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde”. Por su parte, el legislador negó los hechos endilgados y pidió prestar declaración por escrito. Sin embargo, se sabe que las pruebas son contundentes ya que se trata de su red social.
El post que desató la polémica
De hecho, en el Facebook del usuario denominado “Gustavo Orozco”, habría publicado declaraciones polémicas. “Los delincuentes que maten a un policía en el delito y aquellos que violan, deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde”. A continuación expresó: “Esto es lo que respondí a los medios salteños cuando preguntaron que pienso de la inseguridad que últimamente estamos viviendo”.
Al otorgar la calificación legal provisoria, el fiscal entendió que la conducta de Orozco está sospechada de criminalidad. A su vez, conforme a las diligencias realizadas, se pudo establecer que el imputado habría manifestado públicamente alabanzas o exaltación de un hecho que de acuerdo a la legislación argentina, constituiría un delito. Precisamente, homicidio.
El fiscal entiende que lo presentó como un hecho meritorio y digno de aceptación por todos. Para el fiscal, esto podría generar la falsa idea de que esa conducta es legítima, empujando a actuar en contra de la ley. Por este motivo, es que considera que el comentario del imputado “podría generar una perturbación social y una alteración del desenvolvimiento normal de la sociedad civil por el contexto y la relevancia que tendría; en virtud de que se trata de un funcionario público, elegido por el voto popular”.
Finalmente, agregó que “se suma a todo ello, la crítica situación de alta sensibilidad en la que la sociedad se encuentra inmersa debido a la pandemia”.
