SALTA (Redacción) – Después de tantas ida y vueltas, finalmente Mauricio Macri pudo conocer cómo seguirá su situación judicial de ahora en más. El juez Martín Bava decidió procesar al expresidente por su supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. También se le impuso un embargo por 100 millones de pesos y la prohibición de salir del país. Además, 11 exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia están en la misma situación que el exdirigente deportivo.
Con esta resolución judicial, el magistrado Bava admite que tiene los elementos suficientes para poder empezar a investigar al expresidente. En su declaración judicial, el magistrado explicó que «el Gobierno que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares».
En el marco de la misma investigación, ayer fueron procesados dos exjefes del área de Contrainteligencia de la central de espías, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste. Al respecto, Vanesa Petrillo detalló que «eran altos directores de inteligencia de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri» y que «según el juez, Martín Bava, ellos tuvieron que controlar, de alguna manera, todo el accionar que se desplegó para espiar a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan», agregó.
Además, explicó la especialista en temas judiciales que «tanto Costa como Dalmau Pereyra son indagados y ahora son procesados porque Gustavo Arribas dice que estos dos exdirectores tienen que haber sido los que controlaron el accionar para desplegar el supuesto espionaje». De aquí se deriva que, el supuesto espionaje «sucedió en Mar del Plata». Los diferentes informes datan entre enero y junio del 2018, los cuales dan cuenta de seguimientos sistemáticos y fotografías frente a la Base Naval.
«El material acompañado demuestra que la Agencia Federal de Inteligencia hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento», resaltó Cristina Camaño y concluyó afirmando que «queda claro que los familiares de las víctimas no pertenecen a grupos terroristas y/o de criminalidad organizada, y menos aún que las tareas de inteligencia llevadas a cabo cuentan con algún tipo de venia jurisdiccional. Más aún, la Agencia no tenía –y menos aún hoy tiene- competencias para realizar este tipo de tareas».
